El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que algunos sectores, debido a una mala comprensión o una lectura política, han satanizado la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, referida a las acciones de control, fiscalización, decomiso y confiscación de productos de la canasta familiar sujetos a agio y especulación.
Siles aclaró que las facultades de control y fiscalización ya están otorgadas tanto al gobierno nacional como a los gobiernos municipales, pero no a través del Presupuesto 2025, sino por otras normativas vigentes.
El ministro explicó que los términos “decomisar” y “confiscar” pueden resultar polémicos, pero destacó que estos no pueden aplicarse de manera directa por las entidades gubernamentales.
Subrayó que el decomiso y la confiscación son figuras jurídicas que únicamente pueden ejecutarse a través de un procedimiento penal liderado por el Ministerio Público o autorizado por un juez. Además, recordó que el Código Penal ya tipifica desde hace tiempo los delitos de agio y especulación.
Respecto al segundo parágrafo de la disposición legal, indicó que este es menos controvertido, ya que establece la presentación de una declaración jurada, cuya reglamentación será elaborada mediante una resolución biministerial.
“Hemos puesto sobre la mesa de negociaciones que este segundo parágrafo, incluyendo el primero, podemos reglamentarlo conjuntamente con ellos para que no haya dudas ni susceptibilidades”, señaló en una entrevista con el canal estatal.
Siles confirmó que desde este lunes hasta el miércoles se llevarán a cabo reuniones de diálogo por separado con diversas instituciones y representantes que han aceptado participar en este proceso para buscar una solución consensuada al conflicto.
El ministro expresó su expectativa de que asistan representantes de la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Confederación Nacional de Gremiales (en sus dos alas) y la Federación de Gremiales Alto Sur.
