La tercera reunión multisectorial de sectores económicos exigió al gobierno de Luis Arce la abrogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que establece el decomiso de productos. En caso contrario anunciaron un paro movilizado de 24 horas el próximo 10 de febrero.
Las conclusiones fueron leídas por el dirigente gremial César González a la conclusión de la reunión en Sucre en la que participaron representantes del transporte pesado, agropecuarios, exportadores y empresarios.
“Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política; nosotros producimos”, remarcó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) al enfatizar en la posición de su sector de que se elimine el punto de los decomisos de la ley financial.
“El gobierno tuvo 60 días para dialogar, para poner en conocimiento de la población de todos los sectores. Estuvieron todo noviembre, todo diciembre. No lo hicieron. Lo hicieron aprobar de manera amañada (el PGE)”, remarcó González. El dirigente remarcó que ninguna de las instituciones asistirán a la convocatoria al diálogo para hablar del reglamento sobre la disposición adicional séptima, ya que la posición es que esa norma sea anulada.
Entre las conclusiones también pidieron al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, que intervenga en el tema y promueva su anulación mediante una ley en el parlamento.
“No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, replicó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
La ley del PGE entró en vigencia de manera automática el 1 de enero, mediante un decreto, debido a que se agotaron los plazos en el parlamento. Desde la oposición señalaron que la dilación fue una estrategia del arcismo para que la norma no sea debatida y ajustada.
