Una alerta migratoria fue activada en contra del exministro Alan Lisperguer y de su exasesor Gabriel D. A., mientras 40 personas entre funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y allegados de los acusados fueron citados a declarar, informó el fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez.
“Se ha activado la alerta migratoria en contra de estos ciudadanos a efectos de establecer su presencia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, explicó a los periodistas sobre el caso abierto por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada.
También fueron emitidos requerimientos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Derechos Reales y la Contraloría del Estado para establecer los bienes que “tienen estos ciudadanos, y si hubiera un movimiento irregular”.
Como parte de las investigaciones, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua serán convocados a declarar en calidad de testigos.
“Tenemos la emisión de 40 citaciones para que presten su declaración informativa en calidad de testigos, entre ellas tenemos funcionarios que trabajan en el mismo ministerio, como también allegados”, precisó.
En octubre de 2024, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción inició la investigación contra el exministro Lisperguer y su entonces asesor jurídico Gabriel D. A. que concluyó con el hallazgo de serios indicios de responsabilidad penal por falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito, por lo que presentó la denuncia al Ministerio Público, el 3 de enero de este año.
El presidente Luis Arce dispuso la “destitución inmediata” de Lisperguer y en su lugar designó a Álvaro Ruiz, exviceministro de Autonomías.
Lisperguer solicitó al Ministerio Público prestar su declaración en Cochabamba, argumentando que reside en esa ciudad y por motivos de salud. El memorial es considerado por el fiscal de materia.
