La Sala Constitucional Segunda de La Paz instruyó al Ministerio de Gobierno que, en conferencia de prensa, corrija y repare las vulneraciones al derecho a la honra que sufrió la ciudadana Reyna H.H., quien fue exhibida públicamente como si fuese autora del delito de abandono de hogar y violencia intrafamiliar.
Asimismo, se recordó al ministro Eduardo Del Castillo que no puede exhibir a personas procesadas penalmente y que están bajo investigación.
La decisión se dio en el marco de una Acción de Protección de Privacidad, que el Defensor del Pueblo presentó en representación de Reyna H.H., bajo el argumento de que se vulneró su honor, imagen y dignidad, al ser exhibida públicamente como delincuente, cuando ni siquiera había sido imputada de cometer delitos.
El caso surge de una conferencia de prensa del 22 de enero, donde el ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo, exhibió a la joven madre como si hubiese simulado su desaparición, además de que se la presentó como consumidora de bebidas alcohólicas que había dejado abandonados a sus hijos.
La Sala Constitucional determinó que Reyna, en efecto, ha sufrido la lesión de sus derechos a la honra, dignidad y la presunción de inocencia, porque no era posible exhibirla sin que exista una sentencia condenatoria en su contra.
En ese marco, dispuso que como medida de reparación, en un acto similar donde se vulneró los derechos de Reyna, es decir una conferencia de prensa, la autoridad del Ministerio de Gobierno rectifiqué la información y repare los derechos fundamentales de la joven madre.
Según la resolución, la autoridad ministerial debe aclarar en dicha conferencia que la joven se encuentra en proceso y que los delitos por los cuales se le investiga serán determinados en un proceso penal.
Asimismo, como garantía de no repetición, la Sala Constitucional recordó al Ministro de Gobierno que personas privadas de libertad no pueden ser exhibidas mientras se encuentran procesadas y en investigación por algún ilícito penal, aunque sí puede difundir fotografías de personas prófugas, desaparecidas o que han cometido delitos en flagrancia a fin de dar con su paradero.
El Ministerio de Gobierno intentó desvirtuar el caso bajo el argumento de que borró de redes sociales el video donde aparecía Reyna, además de que la víctima debió elevar un reclamo administrativo antes de accionar el recurso, pero estos argumentos fueron descartados por los vocales.
En la audiencia también se hizo mención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente ya ha sancionado al Estado boliviano por la exhibición de personas imputadas como en el caso de Blas Valencia, donde se tuvo que pagar un resarcimiento.
