El máximo gremio empresarial del país se reunió este martes con el Comité de Seguridad Alimentaria y entre las determinaciones se anunció que se congelará la aplicación de la disposición adicional séptima del PGE, referida a los decomisos, hasta alcanzar un consenso en el tema.
“El principal resultado en esta primera reunión de acercamiento ha sido que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, explicó Giovani Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), al referirse al encuentro realizado en el Ministerio de Justicia.
Agregó que el espacio de diálogo con el gobierno no es el ambiente para pedir la abrogación de esa norma, ya que el tema está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, remarcó que como parte del acuerdo se determinó que la disposición adicional séptima no se aplicará hasta que se consolide su reglamentación.
Sectores económicos han expresado su rechazo a una eventual reglamentación y son tajantes en el pedido de que se abrogue la norma que califican de confiscatoria y alertan de que se pone en inseguridad jurídica a la cadena productiva.
Este lunes, dichos sectores protagonizaron marchas en Santa Cruz, Cochabamba y Trinidad. Además anunciaron que las movilizaciones seguirán con protestas escalonadas en las ciudades.
Respecto a las movilizaciones, Ortuño remarcó que la CEPB respeta mucho a las instituciones y estrategias para lograr sus objetivos. Sin embargo, añadió que la entidad que dirige no propicia ni está de acuerdo con los paros ya que afectan a la población, a la empresa y la economía.
