El Índice de Percepción de Corrupción 2024, presentado este martes por Transparencia Internacional (TI), redujo la puntuación de Bolivia, situando al país en su nivel más bajo en los últimos 12 años.
Si bien Bolivia mantiene su posición de 2023 en el puesto 133 de 180, perdió un punto respecto al año pasado, al descender de 29 a 28. En América, se ubica en el puesto 25 de 32 países.
El IPC emplea una escala del 0 al 100, donde 0 indica un nivel muy alto de corrupción y 100 representa un país “muy limpio”.
El puntaje más alto registrado por Bolivia en los últimos 12 años fue en 2014, cuando alcanzó los 35 puntos. Sin embargo, desde entonces la cifra ha descendido de manera progresiva, llegando a 29 en 2018, un valor que se repitió en 2023. En 2024, la puntuación cayó nuevamente a 28, situando al país por debajo del promedio regional, que es de 42 sobre 100.
Los datos completos del IPC están disponibles en la página deTransparencia Internacional.
Corrupción y cambio climático
El informe de TI advierte que la corrupción está estrechamente ligada al desafío del cambio climático.
“Un gran número de personas en todo el mundo sufren graves consecuencias del calentamiento global, ya que los fondos destinados a ayudar a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a las poblaciones vulnerables son robados o mal utilizados”, advierte el informe.
Algunos casos de corrupción en Bolivia
Durante la gestión del presidente Luis Arce, dos ministros de Medio Ambiente y Agua fueron destituidos por denuncias de enriquecimiento ilícito.
El primero, Santos Cruz, quien asumió al inicio del mandato de Arce, actualmente se encuentra encarcelado.
El segundo es Alan Lisperguer, quien recibió en sus cuentas bancarias más de un millón de bolivianos sin justificación acorde a sus ingresos como funcionario público, según el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo.
A esto se suma el despido de Marcos Uzquiano el 30 de diciembre de 2024 como jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, luego de denunciar una red clandestina de caza de jaguares en territorio boliviano. Su destitución generó fuertes críticas de organizaciones ambientales y legisladores. Sin embargo, en enero de 2025, la justicia falló a su favor.
