Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretendía el lunes blindar los comicios de agosto con un acuerdo en la cumbre realizada en esa jornada. Un día después persisten las dudas, ya que varias decisiones están en manos del legislativo y aún no hay el compromiso del Tribunal Constitucional de respetar el principio de preclusión, es decir no revisar o anular una etapa ya realizada.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe considera que cuatro puntos acordaros el lunes blindan los comicios. Detalló el compromiso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de aprobar la ley de preclusión, la inclusión de los vocales del Órgano Electoral en la ley de juicio de responsabilidades, la garantía del gobierno para proveer los Bs 310 millones para organizar los comicios y los $us 7 millones para el voto en el exterior, además del acuerdo para garantizar el TREP (Transmisión Rápida de Resultados Preliminares).
Sobre los recursos se refirió este martes el ministro de Justicia, César Siles, quien señaló que para garantizar el voto de los connacionales en el exterior, la ALP debe aprobar un préstamo de $us 100 millones otorgado por Japón. Dicho crédito tiene como fin compensar los gastos realizados durante la emergencia por el Covid-19.
El diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que desde la ALP se deben viabilizar los 15 puntos suscritos el lunes, entre ellos las garantías para que los vocales del TSE no sean amenazados ni procesados por los magistrados autoprorrogados.
El diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS, anticipó que la bancada leal al expresidente Evo Morales no votará por la aprobación de ninguna ley acordada. Además expresó su desconfianza en el TSE. Remarca que el tema electoral ya está definido en la Constitución y la ley 026 por lo que no se requiere otra norma.
“No hay certeza jurídica real. Aunque se haya declarado el resguardo y respeto al principio de preclusión, basta con un amparo constitucional, un ‘amparazo’, para suspender o incluso volver a convocar elecciones generales parciales", advirtió el abogado Israel Quino. Añadió que mientras los prorrogados sigan en funciones no hay garantías. Por eso consideró los 15 puntos como meramente declarativos.
El precandidato Branko Marinkovic puso el foco en la administración de Luis Arce. “Hay una voluntad del presidente del TSE de que haya elecciones, pero hay muchos escollos que ha puesto el Gobierno en el camino”, remarcó a Unitel. “Yo insisto, y lo vengo diciendo desde el año pasado, yo no veo una voluntad del Gobierno de ir a unas elecciones. El Gobierno está tan perdido y en tan pésima situación que no le conviene una elección”, agregó Marinkovic.
Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM que también es otro aspirante, enfatizó que no se conminó al TCP a respetar la preclusión. Además considera que el TREP debe ser implementado por una firma internacional ya que desconfía del TSE.
“El principio de preclusión está vigente en la Ley 026, pero gracias a un fallo de este grupo de ciudadanos autoprorrogados, se inaplica la norma, lo que quiebra el Estado de derecho. No hay posibilidad jurídica para ello, pero en el país hemos visto cómo, desde la declaración de autoprórroga, se ha vulnerado el orden constitucional”, agregó el abogado Quino al respecto.
