La cementera privada Soboce advirtió que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, que le ordena pagar una indemnización de más de Bs 744 millones, inciden directamente en la desestabilización económica de la empresa y de manera indirecta en 200 mil familias.
Soboce remarca que se trata de un fallo sin precedentes plagado de irregularidades y que pone en riesgo la seguridad jurídica. Además lo considera como una señal para ahuyentar las inversiones extranjeras. La cementera pertenece al grupo peruano Gloria. En anteriores ocasiones ejecutivos de la compañía indicaron que cubren con su producción el 50% del mercado boliviano.
“Esta decisión refleja una preocupante parcialidad del máximo órgano judicial del país y envía una alarmante señal de complicidad con la consigna de aniquilar a Soboce, a través del quebranto de su patrimonio. Era deber del Tribunal Supremo de Justicia anular este tipo de actuaciones ilegales, y no ignorarlas, minimizarlas ni, mucho menos, encubrirlas y avalarlas”, enfatizó la empresa en un boletín difundido este martes.
Fancesa presentó la demanda en el año 2011 aduciendo una supuesta competencia desleal de Soboce al poner como garantía acciones que había adquirido de Fancesa para obtener un crédito destinado a ampliar su capacidad de operaciones. En 2018, Fancesa presentó otra demanda para exigir a Soboce el resarcimiento de daños ocasionados por dicho préstamo.
Soboce, señala entre las presuntas irregularidades, que este segundo caso se activó cuando el primero ya había prescrito. La empresa considera que el Órgano Judicial actuó de manera parcializada ya que no hubo competencia desleal y porque además desestimó todos los recursos presentados por la defensa.
La firma señala además que Fancesa obtuvo sus mayores utilidades en el periodo donde aduce que existió la competencia desleal.
“Soboce no es culpable del fracaso de Fancesa, así que las decisiones que los tribunales han estado tomando en este tema son antijurídicas y no tienen razón, mezclándose peligrosamente el contexto judicial con el político”, remarcó Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de Soboce.
La empresa señala que este fallo, emitido en febrero pasado, trunca los planes de inversión que el grupo Gloria tenía previstos para este año en Bolivia. Remarca además que se pone en riesgo la sostenibilidad y continuidad comercial de la empresa que emplea a 1.500 personas, pero de la que dependen además otras 200 mil personas, dentro de su cadena de valor, entre ellos los mineros de piedra caliza, proveedores de materias primas, transportistas, distribuidores, proveedores de servicios y concesionarios.
