Nada más poner un pie en el aeropuerto de Manila tras un breve viaje a Hong Kong, el ex presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto en su contra tras años investigando las matanzas indiscriminadas en la denominada "guerra contra las drogas", que dejó miles de muertos en Filipinas.
Duterte (79 años) arrasó en las elecciones de 2016 tras prometer una campaña despiadada y sangrienta para acabar con las drogas en el país del Sudeste Asiático. "A primera hora de la mañana, la Interpol de Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI. En este momento, se encuentra bajo custodia de las autoridades", reza el comunicado emitido por el Gobierno filipino.
Durante su mandato (hasta 2022), hubo oficialmente más de 6.000 muertos en la cacería ordenada por Duterte. Esas son las cifras policiales. Pero desde colectivos como Human Rights Watch, tras varios informes sobre el terreno, elevaron la cifra a 12.000 y otras organizaciones de derechos humanos alegan que hubo más de 30.000 asesinatos, dato que recoge también el informe de la CPI, que ha estado investigando los asesinatos relacionados con la sangrienta campaña de Duterte desde noviembre de 2011, cuando el político era alcalde de la ciudad sureña de Davao.
"¿Qué delito he cometido?", preguntó Duterte a los agentes tras ser detenido en el aeropuerto. Una escena que fue capturada por muchas cámaras y las imágenes se hicieron rápido virales en las redes sociales filipinas, donde las organizaciones de derechos humanos han celebrado que, después de tantos años de lucha, al fin la justicia ha caído sobre el ex presidente, quien había estado en Hong Kong para hacer campaña delante de la enorme diáspora filipina que hay en la ex colonia británica: Duterte había planeado presentarse a las próximas elecciones locales del 12 de mayo para la alcaldía de Davao.
La hija y vicepresidente de Duterte había adelantado que su padre sería enviado a La Haya "esta noche". "Mientras escribo esto, él está siendo llevado por la fuerza a La Haya. Esto no es justicia, es opresión y persecución", declaró en un comunicado Sara Duterte. Agregó que su padre no pudo hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales filipinas.
Duterte siempre ha defendido que las muertes durante la guerra contra las drogas habían sido en defensa propia. Pero multitud de informes independientes, entre ellos investigaciones realizadas por supervisores de la ONU, señalan que muchas de las víctimas, en su mayoría sospechosos de narcotráfico, tanto consumidores como camellos de zonas pobres del país, fueron detenidos y ejecutados extrajudicialmente en las calles por agentes de policía que engordaban temidas brigadas antidrogas.
"Es un momento histórico. El arresto de Duterte es el comienzo de la rendición de cuentas por las matanzas en masa que definieron su brutal régimen", afirma el activista Peter Murphy, presidente de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP).
Duterte, cuando era presidente, retiró a Filipinas de la CPI en 2019, en una decisión que, según los críticos, fue un intento de evadir la rendición de cuentas en una investigación por posibles crímenes contra la humanidad. Había muchas pruebas, entre ellas declaraciones públicas del propio líder, que señalaban cómo este había ordenado a las fuerzas de seguridad que mataran a tiros a los sospechosos de tráfico de drogas.
Muchas familias han testificado que sus hijos, hermanos o maridos simplemente se encontraban en el lugar equivocado, en el momento más inoportuno, durante los asaltos policiales. Las propias investigaciones del Parlamento filipino apuntaron a la existencia de un "escuadrón de la muerte", formado por sicarios profesionales, que fueron reclutados para dar caza a los sospechosos.
En enero de 2023, el tribunal internacional, con sede en La Haya, anunció que reanudaría una investigación que ya expuso en un informe numerosos casos de cómo el Gobierno filipino permitió -incluso alentó- a las fuerzas policiales cometer ejecuciones sumarias y extrajudiciales contra supuestos narcotraficantes.
Este periódico acompañó en Manila a varios familiares de las víctimas que se concentraron en la puerta del Parlamento para pedir una investigación nacional contra el ex presidente. "Si conoces a algún adicto, mátalo tú mismo, ya que lograr que sus padres lo hagan sería demasiado doloroso", llegó a soltar Duterte en un discurso.
A Llore Pasco, que perdió a dos hijos durante un operativo policial en 2017, le dijeron que ambos habían estado involucrados en un robo y que les dispararon porque habían intentado disparar contra los agentes. "La Policía suele siempre decir lo mismo, que las víctimas sacaron un arma, para defender las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante sus operaciones", explicaba la madre.
En la manifestación de Manila también se encontraba Sarah Celiz, cuyos dos hijos también fueron asesinados por la policía. Y Mary Ann Domingo, que perdió a su marido y a su hijo. Todas ellas son activistas de Rise Up for Life and for Rights, un grupo de madres y viudas de la narcoguerra que llevan años luchando para que se haga justicia.
Entre los que cayeron en la guerra contra las drogas se encuentra el español Diego Bello, quien fue asesinado el 8 de enero de 2020 en un tiroteo policial en la isla filipina de Siargao. Sus ejecutores, un capitán y dos sargentos, fueron detenidos y están siendo juzgados por por asesinato, perjurio y falsificación de pruebas.
Royina Garma, un ex coronel de policía, testificó delante de un comité parlamentario que la oficina de Duterte ofrecía a los agentes hasta 17.000 dólares a cambio de asesinar a sospechosos de narcotráfico. Muchos policías falsificaban pruebas para ganar las recompensas por sus ejecuciones.
El año pasado, otro oficial retirado, Arturo Lascanas, testificó ante la CPI contra Duterte y también contra su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país. acusándola de planear la ejecución de unos 10.000 supuestos narcotraficantes en la ciudad de Davao, el habitual fortín de la familia, de la que Sara fue también alcaldesa en 2012.
El actual presidente Marcos Jr, que sucedió a Duterte en 2022, optó por no devolver a Filipinas a la corte internacional, pero su administración, que ha estado cooperando con las investigaciones del tribunal, aseguró que colaboraría si llegaba una solicitud de detención contra el siempre controvertido ex presidente. Duterte se negó a pedir disculpas por la guerra contra las drogas en una investigación que el Senado filipino inició el pasado octubre: "Hice lo que tenía que hacer".
