La actual crisis de combustibles en Bolivia tiene su raíz en el gasolinazo mediante el decreto supremo 748 el 26 de diciembre de 2010, como regalo de Navidad, del gobierno de Evo Morales (firmado por Álvaro García Linera, como presidente interino) aumentando el precio de la gasolina en 72% y del diésel en 82%. Se dieron cuenta en aquel entonces que la subvención de los hidrocarburos, política económica nacional desde el 2004, era insostenible. El fuerte y sorpresivo incremento de precio provocó reacciones sociales de tal magnitud que pudieran haber acabado con su gobierno; No le quedó más que abrogar la medida. Desde entonces, nadie se atreve a tocar el precio de los combustibles.
Lo que más me llama la atención de aquel entonces, es que aquel gobierno masista estaba ya tan alejado de “las bases”, para no prever semejante reacción. El rechazo de la medida no tardó. “La población, organizaciones sociales y juntas vecinales se volcaron masivamente a las calles especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Trinidad y Cobija; mientras que en Santa Cruz hubo protestas aisladas. Los reclamos rechazaron el «gasolinazo» y llegaron a pedir la renuncia de Evo Morales de la Presidencia” (Wikipedia).
En el 2010, eliminar la subvención aumentaba el precio de un litro de gasolina de Bs. 3,74 a 6,47 y de un litro de diésel de 3,72 Bs a 6,80.
Quizás con una previa socialización del problema y un proceso de cambio gradual, hubiera sido posible hacer los ajustes. Ahora pagamos todos por la imprudencia del 2010, combinado con 15 años de terquedad, para gastar todas las reservas del país y acumular una deuda al Estado de 30 mil millones de dólares (entre externa e interna), efectivamente prestando a las futuras generaciones el dinero para subvencionar combustibles, sostener empresas estatales deficitarias, construir elefantes blancos, mantener a funcionarios corruptos y hacer crecer la burocracia asfixiante. En vez de ajustar el presupuesto general del gobierno a la realidad, insiste en aumentar el gasto central mientras hace grandes recortes a los departamentos y municipios.
Distinguir entre evistas y arcistas es mera distracción; no es siquiera elegir entre el menor de dos males, porque son el mismo mal.
Exigir la aprobación de nuevos créditos para aumentar aún más la deuda a cambio de la importación de combustibles equivale a un chantaje. Efectivamente han secuestrado las instancias productivas para demandar un rescate.
Ahora la combinación de subvención y la devaluación del boliviano, significa que los combustibles nos costarán por encima de Bs. 11, un aumento de aproximadamente 300%. No hay duda que traerá un sinfín de ajustes desagradables a la economía del país.
Hace falta la total liberación de la importación y comercialización del combustible por privados, sin interferencia gubernamental, siendo la única burocracia el informar sobre cuántos litros ingresan al país y su destino. El gobierno puede competir. Daría solución inmediata y permanente al problema.
Oremos por el pan de cada día, pero esto requiere que venga a nosotros el Reino de Dios y no aquel reino inventado por ateístas.
Dios te bendiga.
