Hace unos días, el expresidente Evo Morales afirmó que "da miedo ser candidato a presidente porque ya no hay nada que nacionalizar". Con esta declaración no hace más que confesar que su intención de volver al poder es para seguir saqueando o, cuando menos, continuar destruyendo el país. Precisamente, fue la nacionalización de los hidrocarburos lo que marcó el inicio de la ruina de la economía boliviana, llevándola al estado de crisis terminal en la que se encuentra.
La nacionalización cortó el flujo de inversión extranjera en el sector petrolero, destruyó mercados y asfixió a la industria energética. Como resultado, nos encontramos en la peor crisis de nuestra historia. Si esta situación se prolonga, Bolivia estará en condiciones similares a las de Cuba: sin energía suficiente para producir alimentos, sin combustible para transportar mercancías y con una población atrapada en el caos de un estado ineficiente.
El colapso de la producción de gas es alarmante. En poco tiempo, la escasez afectará no solo la generación de electricidad, sino también el suministro de gas para uso domiciliario y para el uso automotriz. Mientras tanto, el gobierno sigue sin asumir responsabilidades, culpando al sector privado y a factores externos en lugar de tomar decisiones para revertir el desastre.
Otro que "muere por la boca" es el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, cuya mayor carta de presentación es la inoperancia en la instalación de radares para detectar aviones narcotraficantes. Llevamos años esperando que estos costosos artefactos funcionen, pero su inacción solo demuestra la complicidad del gobierno con el narcotráfico.
Novillo ha declarado que el sector privado pretende apropiarse del negocio de los hidrocarburos, pese a que son ellos, los del gobierno, quienes han reconocido públicamente que no son capaces de administrar la provisión de combustibles y quieren que los privados se las arreglen como puedan. Sin embargo, se escandalizan cuando los empresarios exigen garantías para operar. La única solución viable es liberar la importación y comercialización de combustibles, pero el gobierno prefiere mantener su estructura burocrática, esa misma que ha llevado a YPFB a convertirse en un nido de corrupción e ineficiencia.
Hoy, la industria gasífera boliviana no es más que una estructura parasitaria con más de cinco mil empleados que cobran altos sueldos sin aportar nada al país. En lugar de producir, se dedican a negocios oscuros, contrabando y a vivir del erario público. Eso es lo que el ministro Novillo quiere proteger: una empresa que, en lugar de garantizar el abastecimiento de combustibles, solo entorpece el desarrollo del país.
Si el gobierno realmente quisiera solucionar la crisis, permitiría que los privados operen sin trabas, asegurando el abastecimiento de combustible sin la intervención de una estructura burocrática ineficiente. Pero está claro que su prioridad no es resolver los problemas, sino mantener un sistema corrupto que les permita seguir enriqueciéndose.
