La diputada Luciana Campero denunció que el decreto supremo 5348 es una nueva estafa del gobierno de Luis Arce, y que se apropiará de las divisas internacionales de las entidades públicas bancarias. ¿Qué significa esto? Que el gobierno meterá la mano en los ahorros de los ciudadanos que tienen cuentas en el Banco Unión y en los fondos de la Gestora Pública (que son recursos privados).
Estos últimos recursos son para la jubilación de las personas de la tercera edad. La Gestora ha comenzado a funcionar saltándose la institucionalidad, pues hasta ahora ha conformado su Directorio como establece la Ley. El Gerente es interino y se corre el riesgo de tener un manejo político y discrecional en poder del gobierno nacional. La ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010 establece que la Gestora Pública estará conformada por un Directorio (arts. 154-155).
Los miembros del directorio serán designados por el Presidente del Estado de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados. La Presidenta o Presidente del Directorio es la Máxima Autoridad Ejecutiva y ejercerá sus funciones durante cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino después de transcurrido un período igual a aquél durante el cual ejerció sus funciones.
Se trata de una empresa estratégica especial que, si bien su dirección y administración corresponde al Estado, la Constitución exige que tenga control y participación social. Sin embargo, este control no debe ser el que ejercen los movimientos sociales afines del gobierno, sino de los aportantes que son los propietarios de los recursos que administra la Gestora Pública. La necesidad de tener un control riguroso se debe precisamente a que no son recursos del Estado ni de los bolivianos en general, sino de los aportantes y ellos deben ser parte fundamental del Directorio y la administración.
La Ley guarda silencio sobre este punto ya que solo pone como requisitos para ser Presidenta o Presidente y las o los Directores: 1) Tener nacionalidad boliviana de origen; 2) Contar con título universitario; 3) Contar con amplia experiencia y conocimientos en materia de pensiones, económica y/o financiera. La universidad autónoma “Gabriel René Moreno”, ha sido una de las pocas instituciones que propuso modificar la Ley de modo que permite ampliar el Directorio e incluir a la Central Obrera Boliviana, el sistema universitario, los jubilados, los empresarios, el propio gobierno, entre otros.
Las modificaciones legales buscan excluir al gobierno de la administración de la Gestora Pública, habida cuenta que lo peor que le puede ocurrir al sistema es tener una administración política y un manejo exclusivo por parte del gobierno nacional. Los aportantes son conscientes y advierten de los inminentes riesgos de que el gobierno (en cualquier momento) eche mano a esos recursos o haga inversiones en empresas del Estado que no solo no son rentables y mal administradas, sino que están en bancarrota y convertidas en botín político.
Que la Ley disponga que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo debe contar dentro de su estructura organizativa con una Unidad de Transparencia (art. 160), y sus principales ejecutivos ganen 70.000 bolivianos, no constituye un blindaje, menos que sea inmune a la corrupción generalizada. En realidad, ni la Ley 004, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni la ley que crea las Unidades de Transparencia al interior de las empresas y gobiernos departamentales y municipales, han sido efectivas para combatir y erradicar las prácticas corruptas que existen no solo en la administración pública sino también en varias empresas privadas.
La Gestora Pública tiene que funcionar con un Directorio, como establece la Ley, y dar señales de respeto no solo a la institucionalidad y la normativa, sino también que sea transparente y que empiece a superar la administración de las AFP. El gobierno debe facilitar las reformas legales, de modo que los aportantes estén representados y controlando sus propios recursos. El mayor desafío de la Gestora Pública es que la jubilación deje de ser un castigo y algo inhumano para convertirse en una garantía de vivir con dignidad, alegría y algo de felicidad.
*Jurista y autor de varios libros.
