La falta de combustibles amenaza con colapsar por completo las actividades comerciales, industriales y agrícolas, poniendo en jaque los pilares fundamentales del desarrollo de Bolivia, advirtieron este martes los cívicos de Santa Cruz. Ante esta situación convocaron a una marcha este lunes 24 de marzo para exigir al gobierno de Luis Arce medidas inmediatas y efectivas.
La decisión se tomó en una reunión de directorio ampliado “El Comité Pro Santa Cruz tiene el deber inquebrantable de defender los derechos del pueblo cruceño y exigir las soluciones inmediatas ante esta crisis provocadas por la incompetencia de las autoridades responsables”, señaló el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al leer la resolución 01/2025.
De esta manera se lanzó una convocatoria a la movilización total de la ciudadanía cruceña, entre ellos sectores productivos, transportistas, gremiales, estudiantes, profesionales, juntas vecinales, amas de casa, personas con capacidad y representantes de provincias.
“Volvemos a las calles. Por ende, con carácter de urgencia, convocamos a una gran marcha de protesta el 24 de marzo a las 18:00 partiendo desde la plazuela del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre exigiendo de manera categórica la solución inmediata al desabastecimiento de combustibles y al caos económico que golpea a Santa Cruz”, señala el punto 3 de la determinación de los cívicos.
Además, se delegó a Cochamanidis la participación en la marcha que se realizará el 25 de marzo desde La Apacheta (El Alto) hasta La Paz, que ha sido convocada por un Comité Multisectorial nacional con diversas demandas, entre ellas la derogación de la disposición adicional séptima de la ley financial y para exigir medidas que regularicen la provisión de diésel y gasolina en el país.
En otro de los puntos, exigen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lance la convocatoria, de manera inmediata, para las elecciones generales del 17 de agosto. Además facultan al presidente cívico para que convoque a una Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad para evaluar la situación del país y determinar acciones contundentes en defensa del desarrollo, el empleo y el bienestar de la región.
