No se trata de justificar, pero es comprensible que algunos grupos de indígenas del Beni hubieran querido hacer negocio con los fantoches del falso país denominado Kailasa, que estaban a punto tomar en alquiler casi 500 mil hectáreas calificadas como “territorio originario” y por lo tanto, no se puede vender, subdividir ni nada, condenando a sus habitantes a vivir en condiciones tribales, sin derecho a la propiedad como cualquier otro ciudadano. No se sabe qué payasada es peor, si la de los miembros de esa secta o la que se inventó el estado boliviano de condenar para siempre a los pueblos indígenas a vivir en tierras comunitarias, que supuestamente son de todos, pero no son de nadie, pues ninguno de los nativos es capaz de obtener beneficios de esa tierra, salvo cazar un jochi, tumbar un árbol para construir su pahuichi o sembrar una tarea de yuca para no morir de hambre. Mientras tanto, los piratas de la madera, los narcos y avasalladores hacen de las suyas con la protección del régimen indigenista. La única salvación de los nativos es convertirlos en propietarios individuales, lo demás es puro estafa.