Bolivia está envuelta en un escándalo mediático que ha puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger su soberanía y garantizar el cumplimiento de las leyes. El caso del ficticio Estado de Kailasa, que logró firmar contratos de arrendamiento perpetuo con comunidades indígenas bolivianas, expuso las debilidades institucionales y la falta de control en la gestión de tierras. Este episodio, que generó indignación y desconcierto, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la institucionalidad y el ejercicio responsable del poder.
El ficticio Estado de Kailasa, liderado por un grupo religioso hinduista, logró firmar acuerdos con comunidades indígenas bolivianas para el arrendamiento de más de 480 mil hectáreas de tierras amazónicas. Los contratos, que incluían cláusulas de arrendamiento perpetuo y renovación automática, fueron firmados al margen de la Constitución Política del Estado (CPE) y sin consulta previa a las comunidades afectadas. Según la CPE, los acuerdos internacionales son competencia exclusiva del gobierno nacional a partir de la política exterior que está encargada a este nivel de gobierno, y cualquier contrato que comprometa la soberanía del Estado debe ser aprobado por las autoridades competentes.
La falta de regulación clara y la ausencia de mecanismos efectivos de consulta previa permitieron que estos acuerdos ilegales se concretaran. Además, la presencia de representantes de Kailasa en actos públicos con autoridades bolivianas generó sospechas sobre posibles complicidades y negligencias por parte del Gobierno Central. Este caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
La Constitución Política del Estado boliviano establece que la soberanía nacional es inviolable y que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano. Según el artículo 349 de la CPE, "los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público, y su explotación debe ser regulada por el Estado". Además, el artículo 255 señala que "los tratados internacionales y acuerdos que afecten la soberanía nacional deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional".
En el caso de Kailasa, los contratos de arrendamiento perpetuo violaron estos principios constitucionales al otorgar derechos sobre tierras y recursos naturales a un Estado ficticio sin la aprobación de las autoridades competentes. La falta de consulta previa, garantizada por el Convenio 169 de la OIT, también constituye una violación de los derechos de las comunidades indígenas.
Situaciones similares han ocurrido en otros países de la región, como Paraguay, donde un ministro fue destituido por firmar acuerdos ilegales que comprometían la soberanía del Estado. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay intervino para garantizar el cumplimiento de las leyes y sancionar a los responsables. Este contraste pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas y mecanismos efectivos de control para prevenir abusos de poder y proteger los intereses nacionales.
En Paraguay, la destitución del ministro y las sanciones impuestas a los responsables reflejan un compromiso con la institucionalidad y el respeto por el orden jurídico. Sin embargo, también evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que situaciones similares se repitan.
El caso de Kailasa y el episodio en Paraguay nos recuerdan que la institucionalidad es fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos de los ciudadanos. Según el jurista boliviano René Zavaleta Mercado, "la institucionalidad no es solo un conjunto de normas, sino una práctica social que refleja la capacidad del Estado para ejercer su autoridad de manera legítima y efectiva". Por su parte, el politólogo argentino Guillermo O"Donnell destaca que "la calidad de las instituciones democráticas depende de su capacidad para garantizar la igualdad ante la ley y prevenir el abuso de poder".
El ejercicio responsable del poder requiere transparencia, rendición de cuentas y un compromiso con el bienestar de la sociedad. En palabras de la politóloga boliviana María Teresa Zegada, "el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una sociedad más justa y equitativa". En este sentido, los líderes políticos y las instituciones deben actuar con responsabilidad y ética para garantizar el respeto por los derechos humanos y la soberanía nacional.
Estos episodios nos invitan a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar el ejercicio responsable del poder. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el orden jurídico podemos construir sociedades más justas y equitativas. Mientras tanto, el desorden y la debilidad de nuestra Bolivia no solamente se expresan en ausencia de dólares o la interminable cola por combustible, sino en una severa ausencia de ética ciudadana.
