Bolivia es golpeada por un desastre climático sin precedentes en décadas. Las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos han afectado a los nueve departamentos, dejando a su paso destrucción, pérdidas humanas y un sector productivo gravemente afectado.
Tras meses de evasivas y respuestas tardías, el Gobierno finalmente ha declarado Emergencia Nacional, medida que llega cuando el daño ya es irreversible, cuando hay vidas perdidas, cultivos arruinados y una economía al borde del colapso.
El desastre climático no es el único problema. Bolivia ya venía enfrentando una crisis económica profunda, agravada por la falta de dólares, escasez de diésel, inflación y peligro de desabastecimiento. El régimen de Arce ha respondido con controles de precios y restricciones a las exportaciones, que lejos de solucionar los problemas, han debilitado aún más la capacidad del sector privado para responder ante la crisis.
Con el desastre natural encima, la única salida viable es que el Estado garantice condiciones mínimas para la recuperación: asegurar el abastecimiento de insumos, eliminar trabas burocráticas y rehabilitar la infraestructura vial para que la producción pueda llegar a los mercados. Sin embargo, el temor es que en lugar de corregir su rumbo, el Gobierno aproveche esta crisis para imponer aún más controles, debilitando al único sector que puede sostener la economía.
Las prohibiciones y el intervencionismo estatal han demostrado ser una receta fallida. Se restringieron las exportaciones de carne y el precio subió; se impusieron barreras a la soya y el problema se agravó. ¿Seguirán repitiendo las mismas estrategias esperando resultados distintos? El Gobierno no puede seguir pretendiendo que la crisis se solucione con más controles y regulaciones.
El sector privado es la única esperanza para evitar un colapso total. Lo que se necesita es fomentar la producción, permitir que los productores trabajen sin restricciones absurdas y garantizar que los bienes lleguen a los mercados sin obstáculos innecesarios.
A esto se suma la urgencia de atender a las familias damnificadas, reconstruir viviendas, asegurar la provisión de alimentos y garantizar servicios básicos en las zonas afectadas. Declarar la emergencia no es suficiente si no se acompaña de una respuesta efectiva y coordinada. La reconstrucción y recuperación requieren pragmatismo, eficiencia y, sobre todo, voluntad política para corregir errores. No se trata solo de reaccionar ante la crisis, sino de prevenir que una situación similar vuelva a ocurrir con el mismo grado de devastación.
El país enfrenta una tormenta perfecta, y el Gobierno no puede seguir administrando la crisis con parches y discursos vacíos. Es momento de actuar con seriedad, de dejar de usar la emergencia como excusa para medidas que solo empeoran la situación y de entender que sin un sector productivo fuerte, Bolivia se encamina a una crisis humanitaria. Se necesita acción real y urgente antes de que la situación escale a un punto de no retorno.
