El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un informe en el que califica de "arbitraria" la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y solicita al Gobierno de Bolivia "remediar la situación" sin demora. El documento, conocido este viernes, concluye que la privación de libertad del exlíder cívico "violó el principio de igualdad de los seres humanos" y se basó en "su opinión política".
El informe señala que el Grupo de Trabajo, según Unitel, analizó el expediente del caso con aportes tanto de la fuente como del Gobierno boliviano, determinando que la detención de Camacho tuvo el objetivo de "reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones". Además, considera que la privación de libertad del gobernador contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
"El remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", indica el documento.
El Grupo de Trabajo también insta al Estado boliviano a llevar a cabo "una investigación exhaustiva e independiente" sobre las circunstancias de la detención y a "adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos". Asimismo, el caso ha sido remitido a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, a la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
El documento establece un plazo de seis meses para que el Gobierno informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones. En caso de incumplimiento, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de realizar su propio seguimiento.
Por su parte, la Human Rights Foundation, que representa a Camacho en el litigio internacional, afirmó que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo "tiene carácter vinculante" y anunció una conferencia de prensa junto a la familia del gobernador en La Paz este lunes.
El Gobierno rechaza el informe y solicitará una revisión
El ministro de Justicia, César Siles, dijo este viernes por la mañana que el Gobierno boliviano "no está de acuerdo" con las conclusiones del Grupo de Trabajo y solicitará una revisión. "Esperemos que, con toda la información que no se ha considerado, cambie esta opinión", declaró.
Siles calificó el informe como "parcial, sesgado y desactualizado" debido a que, según él, "omite mucha información proporcionada por la Procuraduría General del Estado". Argumentó que el documento "no coincide" con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que según el Gobierno establece que "no hubo vulneración de derechos humanos en ningún proceso judicial abierto".
Camacho fue detenido en diciembre de 2022 en Santa Cruz y trasladado al penal de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva por el caso "Golpe de Estado I". En varias ocasiones ha denunciado que su detención fue irregular y que se vulneraron sus derechos fundamentales.
