Luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó que Luis Fernando Camacho sea liberado, el gobernador electo de Santa Cruz y sus allegados anunciaronque emprenderá acciones legales para exigir que se cumplacon este efecto, bajo advertencia con procesos internacionales a quienes pretendan mantenerlo en prisión.
Camacho se pronunció mediante su familia y abogados este lunes, luego de que el Grupo de Trabajo determinó que su detención es arbitraria y se sugirió liberarlo, además de indemnizarlo.
Anunciaron que se presentarán los recursos judiciales y constitucionales pertinentes, para ejecutar la libertad emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU.
Advirtieron a las autoridades judiciales que, de negarse a cumplir la opinión del Grupo de Trabajo, se generarán procesos y sanciones internacionales.
“A partir del pronunciamiento del grupo de trabajo de la ONU cualquier acto que prevaricación y disposición abusiva de la ley, para seguir teniendo detenido al gobernador, va a constituir un serio agravante que traerá consecuencias inmediatas. En ese sentido las autoridades judiciales que decidan mantener secuestrado al gobernador serán llevada a procesos internacionales”, señala su pronunciamiento.
La esposa de Camacho, Fátima Jordán, anunció que tramitará sanciones internacionales personales contra Luis Arce y autoridades gubernamentales y judiciales, que participaron directa o indirectamente en el “secuestro y detención preventiva” del gobernador electo.
El Grupo de Trabajo emitió recientemente un dictamen donde señala que la detención de Camacho es arbitraria y viola los derechos humanos. Sostiene que no existen bases proporcionales que justifiquen la detención preventiva y el juicio posterior.
Toma en cuenta, que según la denuncia, Camacho fue detenido por ejercer sus derechos de manifestación, reunión y asociación en 2019, mientras que el Gobierno no ha demostrado pruebas de que dolorosos sucesos ese año hayan sido cometidos por el excívico.
Además, observó que se vulnera su derecho a la presunción de inocencia, por declaraciones como del presidente Luis Arce que ya lo prejuzga. Además, señala que se ha vulnerado su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, dice el dictamen.
