La Administración Trump ha revocado los permisos de residencia y trabajo concedidos a través del programa CBP One y ha ordenado a sus beneficiarios que abandonen el país inmediatamente. Se trata de casi un millón de personas que llegaron al país por medio de esta aplicación de citas migratorias, que estrenó el Gobierno de Joe Biden en enero de 2023 para rebajar la entrada de migrantes de forma irregular. A través de un correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado a los beneficiarios que su permiso para trabajar en Estados Unidos ya no es válido y que deben salir del país. “Es hora de que abandone Estados Unidos”, se lee en el mensaje recibido por una familia hondureña que ingresó a finales del año pasado, a la que tuvo acceso AP.
CBP One fue diseñado por la anterior Administración como una vía para que los migrantes llegaran al país de forma legal en un momento en el que las entradas irregulares habían causado una crisis en la frontera y el Gobierno recibía duras críticas por no poder controlarlo. A finales de diciembre, 936.500 personas habían recibido autorización para entrar con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. “La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, ha dicho un portavoz del DHS.
En su primer día en el cargo, Trump canceló el programa y las citas que estaban ya agendadas, dejando varadas en México a miles de personas que esperaban su turno para entrar en el país. El permiso que recibían era temporal, generalmente de dos años, pero abría la puerta para que una vez en Estados Unidos los beneficiados pudieran optar por otra vía para quedarse.
Ahora, la Administración les obliga a autodeportarse por medio de la aplicación CBP Home, sustituta de CBP One y cuyo objetivo es el contrario, expulsar en lugar de recibir a los migrantes. Al presentar el mes pasado el programa de autodeportación, la secretaria de DHS, Kristi Noem, criticó que “la Administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos”. “Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración”, añadió.
El objetivo, de CBP One, sin embargo, era evitar la inmigración irregular. Noem declaró entonces que la opción de irse voluntariamente es la única que permitiría a los migrantes poder ingresar de nuevo en un futuro en Estados Unidos. “Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán”, amenazó. Expertos en inmigración, sin embargo, han puesto en duda que quienes se autodeporten tengan la posibilidad de entrar de nuevo en el país.
La cruzada antiinmigración de Trump, con las deportaciones indiscriminadas de los migrantes indocumentados, han conseguido reducir drásticamente los cruces ilegales en la frontera. La semana pasada, el DHS anunció que en marzo se registraron 7.180 cruces ilegales en la frontera con México, un 92% menos que los ocurridos en diciembre de 2024.
Con la revocación del CBP One, el Gobierno de Trump pone en evidencia una vez más que su propósito de expulsar a los migrantes no está solo dirigido a quienes se encuentran en el país ilegalmente o son delincuentes. Esta se suma a la cancelación de los permisos de residencia que disfrutaban cientos de miles de migrantes y que les permitían trabajar en el país. El mes pasado el DHS retiró el permiso a 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que volaron al país por su cuenta con un patrocinador financiero por medio del programa parole humanitario, previsto para países en situación de conflicto o crisis social, político o económica. Los beneficiarios obtenían un permiso para trabajar en el país de hasta dos años, lo que les blindaba frente a las deportaciones. Con la revocación tienen de plazo hasta el 24 de abril para abandonar el país o serán detenidos.
Otra de las iniciativas del republicano para retirar la legalidad a quienes disfrutaban de ella fue la cancelación del programa de protección temporal TPS que beneficiaba a unos 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Un juez ha bloqueado la eliminación del programa para los venezolanos. De no haber sido así unos 350.000 habrían tenido que abandonar el país antes el 7 de abril y otros 250.000 antes de septiembre. El TPS se concibió en 1990 para acoger a los migrantes de países que sufren desastres naturales o conflictos armados. El juez que anuló su cancelación señaló que era una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa”.
