A fines de marzo de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer un diseño cartográfico de las circunscripciones para las diputaciones uninominales, que encendió alarmas en la Chiquitania. El nuevo mapa redistribuía municipios sin tener criterios coherentes de estructuras demográficas, afinidades históricas e incluso de continuidad territorial, en lo que parecía apuntar a beneficiar al partido de gobierno en su plan de toma de esa región-corazón, vital para el departamento de Santa Cruz. El rediseño afectaba especialmente a las circunscripciones 53 y 54, lo que no sería gratuito.
En las últimas elecciones nacionales (2020), el Movimiento Al Socialismo ganó 5 de las 6 circunscripciones llamadas rurales, que van de la C-52 a la C-57, con la única excepción de la C-54, donde triunfó la diputada opositora María René Álvarez, que ha sido una activa denunciante de las campañas de incendios en la zona.
Ahora, con el nuevo mapeo que se pretendía imponer, se daba un peso electoral decisivo a nuevos asentamientos poblaciones que fueron transplantados desde el occidente del país, probablemente en el marco del llamado “Plan de marcha hacia el oriente boliviano”, activado desde los inicios del proceso de cambio (2006-2007).
Este plan no tiene el objetivo de ayudar al desarrollo de Santa Cruz con su propia cultura, modelo productivo e identidad, sino que tiende a la aculturación, mediante el reparto de tierras a grupos clientelares acarreados desde el altiplano y adoctrinados en la ideología masista, con quienes se busca operar una repoblación. El eje principal de este plan es, precisamente, la Chiquitania.
Al mismo tiempo, al abigarrar territorios y poblaciones inconexas y con problemáticas distintas, se pretende desarticular la verdadera representación de un diputado uninominal, desvinculándolo de sus bases para convertirlo (una vez instalado en el Parlamento en las alturas) en un engranaje más del sistema centralista, prebendalista y corrupto. En un sentido profundo, se busca que ya no haya uninominales empapados en los temas de su región, buscando soluciones y representando a sus electores ante las esferas de gobierno.
Detrás de este rediseño, hay versiones que señalan como principales impulsoras a altas instancias dentro de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), lo que terminaría de confirmar la ligazón entre el plan de toma electoral con las estructuras de repoblación y la tolerancia hacia las campañas incendiarias en la Chiquitania.
A inicios de abril, la movilización hasta el TSE de una delegación de parlamentarios, cívicos y asambleístas departamentales cruceños logró modificaciones en las C-52, 53 y 54, siendo de particular importancia la que mantiene al municipio de San Ignacio de Velasco dentro de la última circunscripción. De momento, este primer intento de “inclinar la cancha electoral” aún más en función de los intereses oficialistas parece haber sido desactivado, pero es fácil prever que el proceso que va hacia los comicios de agosto estará sembrado de obstáculos y trampas similares.
