Dos hechos ocurridos en un mismo día han profundizado la incertidumbre que rodea al proceso electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. El primero fue el ataque a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en El Alto, quienes fueron retenidos e intimidados por un grupo de Ponchos Rojos afines a Evo Morales, con el pretexto de rechazar la nueva cartografía electoral. No hubo arrestos ni consecuencias. El mensaje es alarmante: se puede agredir e intimidar a las autoridades electorales sin ninguna consecuencia.
El segundo hecho fue la amenaza del Frente Para la Victoria (FPV), partido aliado de cocalero, que advirtió que frenará las elecciones mediante recursos constitucionales si pierde su personería jurídica. Dicen tener todo listo para paralizar el proceso. ¿A qué instancia acudirán? Muy probablemente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde aún operan los autoprorrogados. Estos jueces, ilegítimos y abiertamente funcionales al oficialismo, se han convertido en un factor de desestabilización jurídica. Son una bomba de tiempo.
No son suposiciones. Hay un precedente inmediato: las frustradas elecciones judiciales. Postergadas una y otra vez, con el TSE incapaz —o renuente— de hacer valer su autoridad. Los mismos magistrados que debieron cesar funciones hace meses continúan en sus cargos, dispuestos a validar cualquier maniobra que les ordenen desde el poder político.
El TSE se encuentra en una posición insostenible: sin respaldo legal sólido, sin presupuesto garantizado y sin normas claras que aseguren elecciones transparentes. Su vicepresidente, Francisco Vargas, lo admitió sin rodeos: no existen condiciones para llevar adelante el proceso blindado ante maniobras políticas. No es una simple advertencia, es un grito institucional de auxilio.
El gobierno de Luis Arce no muestra señales de querer ir a elecciones libres. La economía está colapsada, la popularidad presidencial en caída libre y el MAS dividido en una guerra interna que obstaculiza cualquier candidatura viable. Evo Morales, inhabilitado por un fallo constitucional y con una orden de aprehensión vigente, insiste en postularse. Si lo inhabilitan, ya tienen preparada la estrategia: judicializar y paralizar el proceso electoral. Si lo habilitan, se consagra la anulación del estado de derecho.
La oposición sigue atrapada en su laberinto de egos y divisiones. Ya no se trata solo de falta de liderazgo, sino de una irresponsabilidad política histórica. En 2020, durante la pandemia, se prorrogó el mandato de Jeanine Áñez ante la pasividad general. Hoy se repite la fórmula: el MAS controla el calendario, el ritmo y las reglas del juego.
Nada de esto es casual. Responde a una estrategia deliberada: deslegitimar, manipular o directamente impedir las elecciones. Si no hay elecciones, el MAS se perpetúa. Si las hay, buscan que se den bajo condiciones que les aseguren el control. El riesgo es real: que el TSE, acorralado, termine declarando la imposibilidad de celebrar elecciones en condiciones mínimas. Las alarmas están encendidas. Pero en Bolivia, como tantas veces, corremos el riesgo de ignorarlas hasta que ya sea demasiado tarde.
No se trata de suposiciones. Hay un precedente inmediato: las frustradas elecciones judiciales. Postergadas una y otra vez, con el TSE incapaz —o renuente— de hacer valer su autoridad. Los mismos magistrados que debieron cesar funciones hace meses continúan en sus cargos, dispuestos a validar cualquier maniobra que les ordenen desde el poder político.
