En medio de un proceso judicial que ha sacudido al país, la Justicia definió este fin de semana medidas diferentes para tres de los investigados por su presunta participación en los hechos ocurridos en Plaza Murillo en junio del año pasado. El general en servicio pasivo Marco Bracamonte enfrentará medidas sustitutivas, mientras que el coronel Bismarck Imaña y el coronel en retiro Mario Tanaka deberán cumplir detención preventiva en el penal de San Pedro por al menos un mes. En paralelo, el abogado Jorge Valda, cuya aprehensión generó una ola de críticas, retornó a Santa Cruz y se alista para emitir un mensaje desde el Comité Pro Santa Cruz.
El Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz, a cargo del juez Eddy Junio Flores, determinó que Bracamonte, pese a ser investigado, podrá defenderse en libertad condicionada. Se le impuso arraigo, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse a testigos o coimputados. Su abogado, Juan Carlos Vaca, expresó su desacuerdo con la decisión judicial, aunque destacó que se reconoce la inocencia de su defendido al evitar una detención preventiva. “Nos hubiera gustado que la libertad sea pura y simple”, señaló.
En contraste, Bismarck Imaña, también militar en retiro, recibió la medida más severa. Su defensa, encabezada por la abogada Paola Imaña, consideró injusta la decisión judicial y anunció que apelarán. “Han pedido la pena extrema para una persona inocente”, declaró la jurista.
El juez Eddy Junior Flores determinó la reclusión preventiva del coronel en retiro Mario Tanaka, quien fue aprehendido en Tarija en los últimos días. El tiempor de reclusión será por dos meses en el penal de San Pedro, de acuerdo con el reporte al que tuvo acceso UNITEL en horas de la tarde de este domingo.
El caso, que gira en torno a la intentona militar liderada por el excomandante Juan José Zúñiga actualmente recluido en Cochabamba, involucra a más de 30 personas, según declaró el ministro de Justicia, César Siles.
Afirmó que se avanza en las investigaciones, aunque recalcó que su despacho no es parte procesal directa. “Esperamos que pronto se emita una acusación formal para llegar al juicio”, dijo.
Mientras tanto, los investigados y sus defensas continúan sosteniendo su inocencia, apuntando a presuntas irregularidades, vulneración de derechos y politización del caso.
