Por más que el calendario electoral señala que aún falta para las elecciones de agosto, la campaña del MAS ya está en marcha. Pero no es una campaña convencional, con ideas, propuestas y debates. Es una campaña de guerra, no electoral. Un operativo político-judicial-policial que tiene como objetivo barrer con toda voz crítica: ya no se trata de enfrentar a la oposición, sino de borrar cualquier vestigio de disidencia, venga de donde venga.
El caso ‘26J’, que el gobierno de Luis Arce ha desempolvado con inusitada fuerza esta semana, es la pieza central de esta estrategia. No hay casualidades. Justo después de que el bloque de unidad de la oposición se fractura y Evo Morales queda aislado políticamente, el Gobierno activó un operativo nacional que incluye aprehensiones de abogados, analistas, exmilitares, académicos y hasta diputados. ¿El delito? Haber sido, presuntamente, parte de un “gabinete” que asumiría el poder tras un supuesto golpe de Estado, cuya naturaleza ficticia cada vez se vuelve más evidente.
El documental presentado en el Banco Central, con la presencia del propio Arce y su cúpula, no es más que un panfleto armado para construir una narrativa: la del presidente heroico, asediado, que se enfrenta a las fuerzas oscuras del “golpismo”. Una ficción mal actuada, con un libreto escrito desde el poder, que busca justificar lo injustificable: una cacería política de amplio espectro.
La persecución a Jorge Valda es un ejemplo alarmante. Interceptado mientras llevaba a su hija al colegio, trasladado como delincuente común, acusado de haber escrito un supuesto discurso que leería Zúñiga. ¿Dónde están las pruebas reales? ¿Dónde está el debido proceso? Lo que hay es un mensaje claro: nadie está a salvo. Si criticas al gobierno, si opinas en contra, si representas una amenaza discursiva o política, estás en la mira.
El objetivo de fondo es mostrar fuerza. A falta de apoyo popular, a falta de resultados en la economía, a falta de legitimidad interna y externa, el gobierno recurre al miedo. Tal como lo han hecho Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. El método es el mismo: militarización del discurso, judicialización de la política, persecución a la disidencia, control del relato mediático y represión como única herramienta para sostenerse.
No se trata solo de inhabilitar a Evo Morales. Se trata de anular a todos: a los opositores que puedan capitalizar el descontento popular, a los analistas con credibilidad, a los economistas que muestran el desastre productivo, a los periodistas incómodos, a los militares que no se alinean. Este no es un gobierno en campaña electoral; es un régimen en fase de consolidación autoritaria.
La economía se cae a pedazos. El aparato productivo está arrasado. Las reservas, agotadas. La corrupción, desbordada. La confianza, rota. En ese contexto, el MAS no tiene cómo ganar por la vía democrática. Y lo sabe. Por eso la apuesta es otra: aferrarse al poder con las botas, con las armas del Estado, con el miedo como política pública.
Bolivia está en riesgo. No solo de perder una elección limpia. Está en riesgo de perder la democracia. Arce ya no busca revalidar su mandato con votos, sino prolongarlo mediante la represión. El ‘Zuñigazo’ es la excusa. La campaña ya empezó, y no es electoral. Es una campaña contra la libertad.
