El sacerdote nicaragüense Jalder Hernández, de la arquidiócesis de Managua, Masaya y Carazo, no pudo regresar a su país debido a la negativa del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, informó este martes la abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
A través de sus redes sociales, Molina denunció que la dictadura sandinista impidió el ingreso de Hernández, quien se encontraba cumpliendo una misión pastoral en Estados Unidos.
“Dictadura sandinista impide el ingreso a Nicaragua al sacerdote Jalder Hernández. El presbítero se encontraba en misión pastoral en Estados Unidos”, escribió Molina en su cuenta de X. La investigadora, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, ha seguido de cerca los casos de represión contra la Iglesia católica en Nicaragua.
Molina recordó que en 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen sandinista, Hernández fue agredido por simpatizantes de Ortega mientras se encontraba en el atrio de la parroquia de Santiago en Jinotepe. Desde ese entonces, la situación de los miembros de la Iglesia ha empeorado, con varias acciones represivas por parte de la dictadura.
En su denuncia, la investigadora también mencionó que dos sacerdotes han sido impedidos de regresar a Nicaragua durante la Cuaresma, aunque no reveló el nombre del segundo sacerdote, quien prefirió permanecer en el anonimato debido a la persecución que enfrentan.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis de derechos humanos, y la Iglesia católica se ha visto cada vez más atacada por el régimen de Ortega. La represión contra el clero ha aumentado desde 2018, cuando el régimen de Ortega comenzó a atacar a sacerdotes y líderes religiosos que se mostraron críticos de sus políticas. En este contexto, la detención, el exilio forzoso y las restricciones a la libre circulación de los miembros de la Iglesia son medidas que se han repetido durante los últimos años.
Hasta el momento, el régimen de Ortega no ha respondido a estas denuncias. La dictadura nicaragüense, junto con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración y Extranjería, generalmente guarda silencio ante este tipo de acusaciones.
Las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua se encuentran suspendidas y atraviesan una profunda crisis. En varias ocasiones, el papa Francisco ha denunciado el “desequilibrio” de Ortega y su régimen, calificándolo de “dictadura grosera”.
Por su parte, el dictador nicaragüense ha acusado al Vaticano de formar parte de un “conglomerado del fascismo”. Esta animosidad llevó a la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el papa Francisco, y a la expulsión de 46 sacerdotes y obispos de Nicaragua desde 2018.
El régimen sandinista también tomó medidas drásticas contra la Iglesia, como la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenece el papa Francisco. Desde 2018, 46 sacerdotes y obispos fueron expulsados de Nicaragua por el régimen, lo que fue considerado por muchos como parte de un proceso de persecución religiosa.
Según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iglesia católica en Nicaragua está atravesando la peor represión en su historia bajo el régimen de Ortega. Las acciones contra los sacerdotes, así como las restricciones impuestas a la libertad religiosa, continúan aumentando la presión sobre la comunidad religiosa en el país.
