Un tenso y violento operativo de desalojo se ejecutó la mañana de este lunes en el barrio Santa Lucía, ubicado en el décimo anillo de la zona este de la ciudad de Santa Cruz. Más de 500 efectivos policiales, acompañados por fiscales, notarios y personal judicial, intervinieron un predio donde 250 familias fueron desalojadas por orden judicial.
El Comando Departamental de la Policía informó que la acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de desapoderamiento emitida por una sala constitucional, señalando que los uniformados están obligados a cumplir disposiciones judiciales.
Durante el procedimiento, se registraron momentos de alta tensión y gasificación. Vecinos intentaron resistirse al ingreso del contingente arrojando piedras, por lo que la Policía respondió con agentes químicos. Además, se reportaron bloqueos con llantas encendidas y uso de petardos por parte de los afectados. Varias personas fueron arrestadas, aunque aún no se conoce el número exacto.
“La orden es ilegal”, denunció Rubal Salvatierra, presidente del barrio Santa Lucía.
Salvatierra reiteró públicamente que el desalojo es ilegal y arbitrario, señalando que la orden emitida menciona a la Unidad Vecinal 723 A del municipio de Cotoca, lo que no corresponde al predio intervenido, que según él, se encuentra en la Unidad Vecinal 307 y 308, dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, en la zona conocida como Pampa de la Isla.
“Vivimos aquí hace más de 13 años, compramos legalmente estos terrenos al señor Líder Muños. Ahora aparece un tal Franklin Lijeron, presunto socio del ‘Negro Gil’, exigiendo el desalojo. Esto no es justicia, es abuso”, declaró Salvatierra ante los medios.
El comandante departamental, Rolando Rojas, indicó que la Policía actuó bajo mandato judicial y que permanecerán en el lugar si la situación lo amerita. “No podemos cuestionar una orden de un juez. Estamos aquí para cumplirla y mantener el orden público”, declaró. “Nuestra misión es cumplir la orden judicial” agregó.
El desalojo dejó más de 250 viviendas precarias desocupadas, y algunas de ellas serán demolidas en las próximas horas. Las familias afectadas retiraron sus pertenencias en camiones, mientras continúan pidiendo una revisión legal del procedimiento.
La disputa por estos terrenos se arrastra desde hace más de 10 años, y el conflicto amenaza con escalar si no se esclarece el conflicto de jurisdicción y la legalidad de los títulos de propiedad.
