Un juzgado de La Paz ordenó medidas sustitutivas para el diputado de Creemos, Richard Ribera, por lo que se defenderá en libertad tras ser implicado en el caso Zúñiga, referido a la asonada militar del 26 de junio del 2024.
La decisión fue tomada este miércoles tras una larga audiencia por el Juzgado 13° de Instrucción en lo Penal de La Paz. Ribera acudió el lunes a presentarse en la Fiscalía y agentes de la Policía ejecutaron la orden de aprehensión que pesaba en su contra a su llegada al aeropuerto de El Alto. El Ministerio Público había anticipado que no solicitaría la detención preventiva. El ministro de Justicia, César Siles, indicó que esta medida excepcional no se aplica para los legisladores nacionales.
“El juez ha dispuesto su libertad, pero con restricciones. Nosotros no estamos conformes y vamos a apelar porque consideramos que no corresponde imponerle ninguna medida”, informó Marcia Gómez, abogada del parlamentario opositor. Remarcó que el artículo 152 de la Constitución establece que los legisladores no pueden ser sometidos a detención preventiva, salvo en situaciones de flagrancia, que no se dio en este caso.
Según la versión del ministro Eduardo del Castillo, en su declaración informativa ante la Fiscalía, Ribera señaló que el activista Fernando Handam, otro de los acusados en el proceso, le informó que lo que iba a suceder el 26 de junio del 2024 era un golpe militar.
“No tenemos nada que esconder ni que ocultar, solo queremos enfrentar a la justicia para poder decir nuestra verdad. Estamos con la conciencia tranquila y sabemos que no hemos participado en ningún golpe de Estado”, dijo Ribera el lunes cuando ya estaba bajo custodia policial.
Tras la difusión de un video elaborado por el Ministerio de Gobierno titulado ‘¿Qué pasó el 26J?’ se implicó a más personas en la asonada encabezada por el entonces jefe del Ejército, Juan José Zúñiga. El primer aprehendido fue el abogado Jorge Valda, quien después fue dejado en libertad sin medidas sustitutivas.
También fueron convocados a declarar como testigos analista de alto perfil mediático como Paul Coca, Gonzalo Chávez y Jaime Dunn. Ellos integraban, según la versión del gobierno, un supuesto gabinete civil que se conformaría si prosperaba el alzamiento militar. El propio Zúñiga negó conocer a los mencionados en la polémica lista.
