Por más que el Gobierno intente maquillar la situación, la economía boliviana atraviesa su peor momento en décadas. En este contexto crítico, el Primero de mayo —fecha que el MAS ha convertido en su ritual electoral preferido con promesas de aumentos salariales— representa una amenaza real. Aplicar un incremento sin respaldo económico sería una irresponsabilidad monumental, un acto de suicidio impulsado por cálculo político.
La COB exige un aumento del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico, una demanda completamente desconectada de la realidad. El Gobierno guarda silencio, insinuando que podría, una vez más, priorizar el clientelismo antes que el país. No se trata de ajustar la economía al pueblo, sino de adaptar la narrativa del poder a la ilusión de que todo está bajo control, cuando en realidad el país se está hundiendo.
La advertencia del empresariado no es una defensa de privilegios. Es una alarma que ya suena con desesperación. Un aumento de esta magnitud puede provocar un “descontrol inflacionario y alto desempleo”. No es una exageración. Es una constatación respaldada por los datos.
En una década, las Reservas Internacionales Netas han caído más del 90%. El riesgo país se disparó a 2.190 puntos, superando incluso a Argentina. Moody’s rebajó nuestra calificación crediticia al nivel “Ca”, un paso antes del default. El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación del 15,1% para 2025 y un crecimiento anémico del 1,1%. Para 2026, el panorama es todavía peor: inflación del 15,8% y crecimiento de apenas 0,9%. Esto no es una tormenta pasajera. Es un modelo económico colapsado que se sigue negando a morir.
Pero el Gobierno se aferra a un discurso de “recuperación”. Habla de un “problema de liquidez”, no de solvencia. Destaca un aumento reciente de $us 300 millones en reservas, como si eso bastara para tapar un agujero negro. Blinda políticamente los subsidios a combustibles —90% del diésel y más del 50% de la gasolina son importados— mientras gasta dólares que ya no tiene. Y culpa al Legislativo por el bloqueo de $us 1.500 millones en créditos, como si eso fuera el origen de todos los males.
Los datos del INE muestran que solo en el primer trimestre los precios subieron un 5%. Varios analistas prevén que cerraremos el año con una inflación del 20% o más. La economía no genera dólares, la producción de hidrocarburos sigue cayendo, y el Banco Central sobrevive vendiendo oro para cumplir con los pagos externos.
En este escenario, insistir en un aumento salarial por decreto es un acto de ceguera y cobardía. Es negar la urgencia de una reestructuración económica y, en cambio, apostar por una fiesta de humo mientras el país se quema.
Luis Arce tiene dos caminos: asumir el costo político de enfrentar la verdad o empujar al país al abismo por miedo a perder apoyo. Gobernar no es regalar lo que no existe. Es tomar decisiones difíciles. Hoy Bolivia necesita exactamente eso: decisiones valientes, no discursos complacientes ni aumentos sin sustento.
El Primero de mayo no puede seguir siendo una vitrina populista. No puede celebrarse con bombos y platillos mientras la economía se desangra. El salario digno no se decreta. Se construye con crecimiento, productividad y estabilidad. Todo lo contrario a lo que hoy vemos.
