Los máximos tribunales de justicia del país, el TCP y el TSJ, junto con la autoridad electoral suprema, el TSE, hicieron una inédita declaración conjunta con el objetivo de llevar tranquilidad a los bolivianos, luego de una andanada de recursos judiciales que buscan postergar las elecciones fijadas para el 17 de agosto. El Tribunal Supremo de Justicia incluso ha lanzado una advertencia a aquellos jueces que se presten al juego político surgido desde las filas oficialistas, que intenta prolongar el mandato de las actuales autoridades electas. En teoría, se trata de un gesto positivo que busca blindar el proceso electoral y protegerlo de maniobras oscuras, tal como sucedió con las elecciones judiciales, que no solo se postergaron varias veces, sino que derivaron en la peor degradación posible, pues legitimaron la prórroga de magistrados del Tribunal Constitucional que decidieron, ellos mismos, extender sus mandatos. La declaración, que surge de la desesperación y la impotencia, no deja de ser un cúmulo de buenas intenciones, pues, si hay algo que impera en Bolivia —y que ellos mismos han contribuido a consolidar— es la ausencia de institucionalidad. Y en ese contexto, cualquier barbaridad es posible. Ojalá nos equivoquemos.