El “Operativo Roca”, iniciado la semana pasada en Salta, sumó una nueva polémica tras la revelación del diario Clarín de que los militares movilizados en la frontera norte con Bolivia podrán realizar aprehensiones transitorias de civiles que cometan delitos en flagrancia. La medida surge de las denominadas “reglas de empeñamiento” secretas de la resolución 347 firmada por el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri.
Según el documento reservado, los soldados tienen permitido “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las fuerzas de seguridad, al juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”. Aunque el Gobierno nacional argumenta que esta medida se respalda en el Código Procesal Penal de la Nación, distintos especialistas advierten que podría chocar con las leyes vigentes de Seguridad Interior y Defensa Nacional.
El ministro Petri defendió la iniciativa asegurando a Clarín que “la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier autoridad o incluso por una persona común”. Sin embargo, ex ministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que estas normas colisionan con el marco legal actual.
A pesar de los protocolos establecidos, las órdenes secretas generaron preocupación en el propio ámbito militar. Según fuentes castrenses citadas por Clarín, el temor no radica tanto en los narcos o contrabandistas que podrían enfrentar, sino en la posibilidad de enfrentar juicios civiles o penales derivados de accidentes o procedimientos mal ejecutados.
Además, varios oficiales señalaron que la resolución ministerial no especifica claramente la cadena de mando ni define con precisión el rol de las Fuerzas Armadas frente a las Fuerzas de Seguridad.
Aunque el documento habla de “complementar” a Gendarmería y Prefectura, en la práctica los límites de acción no están bien delimitados, lo que expone a los soldados a eventuales conflictos legales si se exceden en sus atribuciones.
ambién preocupa la falta de respaldo legal: el "Operativo Roca" fue dispuesto mediante una resolución ministerial y no por un decreto presidencial ni una ley específica, como sucedió con operativos anteriores.
El ministro Luis Petri prometió desplegar 10.000 militares durante 2025, pero fuentes del Ejército advirtieron que esto es materialmente imposible con el personal disponible:
6.500 oficiales,
24.000 suboficiales,
18.000 soldados voluntarios en todo el país.
Actualmente, los efectivos movilizados representan un 25% del personal operativo del Ejército.
Además, los soldados perciben salarios un 30% inferiores a los de la Gendarmería o Prefectura, lo que agrava la situación en operativos prolongados que exigen altos recursos logísticos y humanos.
Un debate de fondo
El “Operativo Roca” revive una vieja discusión: la necesidad de actualizar las leyes de Defensa y Seguridad Interior, sancionadas en los años "80 y "90.
Tanto sectores del radicalismo como especialistas en defensa consideran urgente reformar el marco legal para definir claramente el uso interno de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad, evitando confusiones y riesgos legales.
