En Bolivia, la justicia no es ciega; tiene dueño. Y su maquinaria —engrasada por pactos de poder, miedo, corrupción y servilismo— funciona al servicio de quienes garantizan su permanencia. La reciente anulación de la orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas, es apenas el último capítulo de una novela criminal llamada “Estado de derecho a la carta”.
La jueza Lilian Moreno Cuéllar, conocida ya por su fidelidad al líder cocalero, decidió —una vez más— torcer la ley para blindar al expresidente. Su fallo no solo anula obrados claves del proceso, sino que congela cualquier posibilidad de justicia para las víctimas. Todo esto ocurrió, por si fuera poco, mientras se preparaba para ausentarse del país. ¿Casualidad? No. Es cálculo, encubrimiento y complicidad.
Estamos frente a una justicia manejada por verdaderos sicarios del poder. La juez Moreno, con antecedentes que la vinculan a la liberación de personajes turbios es apenas una pieza más de este nido de sanguijuelas que no dudan en prostituir sus togas por cuotas de impunidad. El hecho de que trabajara en el aparato estatal durante el gobierno de Morales y que luego sea quien le “limpia” el camino judicial no es coincidencia. Es prueba del maridaje entre el poder político y judicial.
El sistema no solo protege a Morales. Protege a todos los que representan el proyecto de perpetuación del MAS. Hoy es Evo, mañana puede ser cualquiera que necesite blindaje. Los jueces autoprorrogados, la Fiscalía sumisa, el TCP a la carta: todos forman parte de esta estructura. Todos saben que sus cargos no dependen del mérito ni del voto ciudadano, sino del favor político. El ciudadano queda en total indefensión, expuesto a una justicia selectiva que persigue a los críticos y protege a los corruptos.
Esta maquinaria tiene como único objetivo asegurar que el poder nunca cambie de manos. Evo Morales, pese a estar inhabilitado constitucionalmente, ya habla de su candidatura y asegura que tiene sigla. ¿Con qué confianza puede el país acudir a las urnas si los árbitros del sistema —jueces, magistrados, vocales— están al servicio de un caudillo? No hay democracia posible donde el crimen se premia con candidaturas y la ley se vuelve un papel mojado.
La impunidad no es un efecto colateral, es el plan. Y mientras los actores del sistema se rasgan las vestiduras en declaraciones altisonantes, nadie toma decisiones reales. ¿De qué sirve que el Consejo de la Magistratura anuncie procesos contra la jueza Moreno si sabemos que, como siempre, no pasará nada? Todo es parte del espectáculo. Bolivia no solo enfrenta un colapso institucional; enfrenta una dictadura de jueces mafiosos y políticos desvergonzados.
La pregunta ya no es si Evo Morales volverá a ser candidato, sino hasta dónde están dispuestos a llegar para garantizarlo. Porque si este sistema fue capaz de socapar la violación de menores, ¿qué no podrá hacer en campaña electoral?
