Corría el año 2000. El 25 de mayo de aquel año, mientras realizaba un reportaje sobre el tráfico de armas dentro de la prisión “La Modelo” de Bogotá, la periodista Jineth Bedoya cayó en una trampa que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contó con la complicidad de los policías de la cárcel. Fue secuestrada y retenida durante 16 horas. Los miembros de las “Autodefensas Unidas de Colombia”, el grupo paramilitar que combatía a las guerrillas izquierdistas, la drogaron, torturaron y violaron.
“Desde entonces, la periodista buscó justicia y abanderó la causa de las mujeres abusadas sexualmente, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles a pesar de vivir amenazada de muerte”, dice BBC Mundo, que añade: “En 2021, su lucha consiguió una resolución histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por violaciones a sus derechos y ordenó medidas de reparación y promoción de proyectos para combatir la violencia sexual”.
A lo largo de 25 años buscó dar con los autores de semejante barbaridad, sin conseguir absolutamente nada. Se quejó de que vio pasar seis fiscales generales, ninguno de los cuales se interesó por su caso. En 2021, cuando el fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó una reparación en su favor y dispuso que el Estado colombiano adoptase medidas al respecto, nada bueno pasó; entonces ni después. Tan solo la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería de Derechos Humanos entendieron la importancia de lo determinado por la Corte Interamericana. El ministerio de Justicia y el de Igualdad, no actuaron como debían.
En marzo de 2024 regresó a la cárcel antes nombrada, luego de haber solicitado al Ministerio de Justicia realizar un acto para reivindicar su proceso. Pintó un mural en el pabellón central y comenzaron nuevamente las amenazas en su contra; y asesinaron al director de la cárcel, Élmer Fernández, lo que colmó el vaso. Bedoya desistió de hacer nada más y dijo que lo que ocurrió fue como si el Estado le hubiese escupido en la cara una y otra vez.
Es de hacer notar que, a lo largo de los 25 años durante los cuales la periodista buscó justicia, gobernaron Colombia Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022 a la fecha). Varias tendencias. En alguna de las presidencias se firmó un acuerdo de paz con las FARC y actualmente gobierna ese hermano país un exguerrillero de tales fuerzas que, supuestamente, abandera un proceso de cambio, cierto que con dificultades, pero que en temas como el que nos ocupa, debería dar muestras de interés por conseguir justicia ante la atrocidad perpetrada en la persona de Jineth Bedoya.
Hace pocas semanas, la socióloga Sonia Montaño denunció cómo durante la dictadura de Banzer, fue apresada y, en una ocasión, violada por tres “tiras” en presencia de dos mujeres también “tiras”, en una casa de seguridad en Cota Cota. Luego de ello fue llevada a revisión con un médico de apellido Asbún, el cual le preguntó, suelto de cuerpo, si era virgen. La víctima dice que “cuando, aliviados, supieron que no estaba encinta, me devolvieron a la prisión”.
Montaño considera el abuso sexual en todas sus expresiones y contextos tiene una matriz común que es el abuso de poder, aunque en un caso se encubra por la admiración y, en otro, por el miedo. La práctica demuestra que, efectivamente, es así.
Por cierto, no es lo único que hay que aguantar de gobiernos que prometieron cambiar todo y sólo cambiaron los nombres de las cosas, para, en el fondo, no cambiar nada. Es el caso de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante el golpe de estado del 17 de julio de 1980 que encabezaron Luis García Meza y Luis Arce. Los gobiernos del MAS, autocalificados de socialistas, al servicio de los pobres y ejemplo de un pretendido “proceso de cambio” y una “revolución democrática y cultural”, no hicieron nada por encontrar esos restos, pero se sirvieron del nombre del líder para bautizar con él a una ley que se usa para la persecución de opositores y disidentes y para paralizar la labor de servidores públicos que no quieren hacer nada por temor a ser enjuiciados.
Pesada cruz la que deben cargar mujeres y familiares de líderes políticos, debiendo soportar tantas veces que el Estado, sea que esté en manos de supuestos “demócratas” o de pretendidos “revolucionarios”, les escupa una y otra vez en el rostro, como ocurrió con Jineth Bedoya en Colombia.
