Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), informó que unos expertos están trabajando en la presentación del “Boliviano virtual”, la moneda digital del banco central (CBDC, por su sigla en inglés). Esta noticia ha generado una ola de comentarios sobre su aplicación y su presentación en agosto, en el marco de las fiestas del Bicentenario. Nosotros creemos que es una medida improvisada y demagógica, de un gobierno que debería guardar este tipo de decisiones estructurales para que un futuro gabinete las asuma con mayor seriedad.
Decimos que es improvisada y demagógica porque los bancos centrales del mundo han venido estudiando este proyecto desde 2019. Tal es el caso de China con el yuan digital, que aún no ha podido implementarse de forma total. Lo mismo ocurre en la Unión Europea con su euro digital. En Nigeria, el e-Naira fue un fracaso total, al igual que el Petro en Venezuela.
Se ha llegado a decir que el “Boliviano virtual” es una copia del “Petrodólar” venezolano. Son similares por las características de ambos países socialistas que atraviesan una crisis económica, con inflación y devaluación. En el caso venezolano, el Petro fue presentado con bombos y platillos, anunciando que sanearía la economía por estar respaldado en oro y petróleo. Pero lo único que fortaleció fue la economía de algunos funcionarios públicos encargados del proyecto. Los venezolanos, al final, no adoptaron esa estafa y prefirieron sistemas más descentralizados como Bitcoin y, en algunos casos, USDT Tether.
Cada día más personas se pronuncian sobre este fenómeno, ya que crece el número de usuarios de Binance P2P que utilizan esa plataforma para comprar y vender criptoactivos ante la falta de dólares físicos y la caída del boliviano.
En un artículo anterior denominado “Normas bolivianas contra la visión de Satoshi”, describíamos cómo el gobierno, mediante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), persistía en cometer ambigüedades y contradicciones normativas. Decíamos que la R.A. Nº 19/25 establece que están obligadas a registrarse las personas naturales y jurídicas que “desarrollan negocios y actividades comerciales con fines de lucro”. Esa clasificación incluye a todos los poseedores de activos virtuales, porque estos, en su naturaleza y esencia, han sido creados para obtener lucro. Tal vez, para mejorar la norma, no deberían incluirse personas naturales, solo personas jurídicas, como se hace en otros países.
Analistas como Mario Durán Chuquimia apoyan esta visión lucrativa. Él también respalda una propuesta que hicimos como Comunidad Bitcoin Bolivia, en el artículo “Algunas propuestas para el desarrollo tecnológico de Bolivia”, donde indicábamos que Bolivia debe adoptar el modelo salvadoreño —y ahora también el estadounidense— para que el Estado considere tener reservas estratégicas en Bitcoin, acumularlo de forma inmediata y evaluar la posibilidad de minarlo con energía sostenible. Los candidatos deberían tomar esta propuesta, pero nosotros vamos más allá: Bolivia es un infierno fiscal represor. Por eso, debe existir una ley, como en El Salvador, de exención total de cualquier tributo, tasa, patente o arancel aduanero, dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades comerciales en sectores productivos relacionados con la tecnología.
Tal como se está manejando la economía, el gobierno solo demuestra improvisación, ambigüedad y demagogia, lo cual preocupa a la población. Por un lado, por el afán de control y vigilancia que se pretende ejercer sobre una tecnología que, en su esencia, es descentralizada, con la desesperación añadida de seguir recaudando impuestos a costa de los contribuyentes cibernéticos. Por otro, por la necesidad de mostrar supuestos logros de cara a las futuras —y tristes— fiestas del Bicentenario.
