Por décadas, Bolivia vivió en una ilusión energética que hoy se desmorona aceleradamente. Las cifras son tan claras como alarmantes: más del 80% del consumo energético final en el país depende de hidrocarburos. El gas natural no solo es la fuente principal para generar electricidad (70% en horas pico), sino también la columna vertebral de una economía que se acostumbró a vivir de una bonanza efímera, sin prever el agotamiento inevitable de estos recursos.
La advertencia pertenece a la Fundación Jubileo, que muestra en un estudio que la caída en la producción de gas natural —de un dramático 53% desde 2015— no es una amenaza lejana, sino una realidad instalada que empuja al país hacia una dependencia crónica de las importaciones, con todas las vulnerabilidades que esto conlleva.
Bolivia ya perdió el mercado argentino y reduce cada año sus envíos a Brasil. Esto no solo ha desplomado los ingresos por exportación, sino que ha encendido todas las alarmas sobre la autosuficiencia interna.
La crisis es profunda y estructural. Y lo más preocupante es que el sistema eléctrico está atrapado en esta trampa: la generación basada en gas natural desplazó casi por completo a la hidroelectricidad —que representaba 55% a inicios de siglo y hoy apenas llega al 24%— mientras las energías renovables no convencionales (solar, eólica) siguen siendo marginales y enfrentan graves problemas de intermitencia.
La amenaza inmediata no es solo quedarse sin gas natural, sino también sin Gas Licuado de Petróleo, gasolina y diésel, todos ellos consumidos de manera creciente en el mercado interno, pese a que su producción nacional cae sin freno. Hoy, el 90% del diésel y el 58% de la gasolina consumidos en Bolivia son importados, comprados a precio internacional, pero vendidos a precios subsidiados, lo que exprime aún más unas arcas estatales asfixiadas por la escasez de dólares.
¿Qué significa esto para la electricidad? Simple: sin gas suficiente, las termoeléctricas no podrán sostener la demanda interna y el país tendrá que importar gas a precio internacional desde 2028 o antes, enfrentando el dilema de trasladar ese costo al usuario o seguir ampliando la insostenible factura estatal. Ambas alternativas conducen a una tormenta perfecta: tarifas eléctricas impagables o un agujero fiscal inmanejable.
Si el próximo gobierno no encara una transición energética seria, ordenada y planificada, Bolivia podría enfrentar cortes de electricidad masivos y recurrentes. Es urgente equilibrar la matriz energética hacia fuentes renovables confiables, priorizar la hidroeléctrica, abrir el sector a inversión privada bajo reglas claras y transparentes, y, sobre todo, sincerar el debate sobre la eliminación gradual y focalizada de los subsidios a los combustibles fósiles.
No hacerlo será condenar al país a un apagón no solo energético, sino también económico y social. Bolivia ya no tiene tiempo. Es hora de encender las alarmas, antes de que la oscuridad sea irreversible.
Sin gas suficiente, las termoeléctricas no podrán sostener la demanda interna y el país tendrá que importar gas a precio internacional desde 2028 o antes, enfrentando el dilema de trasladar ese costo al usuario o seguir ampliando la insostenible factura estatal. Ambas alternativas conducen a una tormenta perfecta: tarifas eléctricas impagables o un agujero fiscal inmanejable.
