Luis Arce tiene buenas razones para buscar con desesperación la primera senaduría por La Paz. Es su única vía de escape ante el karma que se le avecina por una gestión marcada por el abuso de poder, la corrupción y, sobre todo, los escándalos que envuelven a su familia.
Una investigación internacional ha revelado cómo el aparato estatal fue puesto al servicio del hijo menor del presidente, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, para favorecerlo en la compra de una propiedad rural de más de 2.100 hectáreas en Santa Cruz. Un caso grotesco de tráfico de influencias, corrupción y depredación ambiental.
En noviembre de 2021, solo año y medio después de dejar un cargo menor en ENDE, el joven de 25 años adquirió el predio “Adán y Eva” por 3,3 millones de dólares. No tenía patrimonio declarado, experiencia empresarial ni ingresos conocidos. Pese a ello, accedió a un crédito millonario que ningún banco otorga sin respaldo real. El origen de los fondos sigue siendo un misterio.
El predio está en una zona de bosque de conservación y uso sostenible, donde está prohibida la agricultura extensiva. Sin embargo, entre 2022 y 2024 ya se desmontaron más de 479 hectáreas, con la autorización exprés de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que modificó en tiempo récord el Plan de Ordenamiento Predial para legalizar el ecocidio.
El mismo presidente que decretó una “pausa ecológica” ante los incendios forestales permitió —por omisión o complicidad— que su hijo continuara quemando bosque con impunidad. Mientras el país enfrentaba una crisis ambiental en 2024, en “Adán y Eva” ardían las hectáreas sin que nadie lo detuviera.
A la permisividad de la ABT se sumó una obra pública clave: un puente de 148 metros sobre el río Piraí, construido con 21,7 millones de bolivianos del Estado, a solo 15 kilómetros del predio. Durante años, fue un pedido ignorado por los productores de la zona. Curiosamente, se concretó diez meses después de la compra del terreno por parte del hijo presidencial.
Este caso no es un hecho aislado ni una simple operación inmobiliaria dudosa. Revela una estructura de privilegios diseñada desde el Estado para beneficiar al entorno íntimo del mandatario. Y es solo la punta del iceberg.
Los hijos de Arce ya han sido vinculados a otros escándalos, como los negocios turbios en YPFB y el interés en la industria del litio. Las denuncias se acumulan, pero todas terminan enterradas en la red de complicidades que sostiene el MAS y su control sobre los órganos de fiscalización.
Ahora, el régimen ensaya una nueva jugada: la candidatura de Luis Arce al Senado. No se trata de vocación política ni de compromiso con el pueblo. Es una estrategia de blindaje. La búsqueda de impunidad parlamentaria frente a indicios crecientes de delitos económicos, ambientales y tráfico de influencias. Un fuero para escapar de una justicia que ya ha sido secuestrada por el poder.
Los hijos de Arce ya han sido vinculados a otros escándalos, como los negocios turbios en YPFB y el interés en la industria del litio. Las denuncias se acumulan, pero todas terminan enterradas en la red de complicidades que sostiene el MAS y su control sobre los órganos de fiscalización.
