La detención de Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, líder del PCC brasileño, vuelve a dejar al descubierto una realidad incómoda: Bolivia se ha convertido en santuario de capos del crimen organizado. Como ocurrió con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que vivió impunemente bajo la protección de redes policiales y políticas, el caso Tuta demuestra que no estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón. Tuta vivió durante una década en Santa Cruz, operando bajo identidad falsa, con ayuda directa de un mayor de la Policía Boliviana. ¿Cómo es posible que el líder del mayor cartel brasileño obtuviera documentos oficiales sin la complicidad institucional? Hay un oficial preso, pero todos sabemos que eso es apenas la punta del iceberg. Bolivia no sólo les ofrece refugio; les garantiza protección y acceso a estructuras del Estado. Esta permisividad, o peor aún, colaboración, convierte al país en una plataforma ideal para el crimen transnacional. La sociedad boliviana merece saber quiénes realmente controlan el aparato estatal.