Por primera vez en su historia, México ha sometido a elección popular a todos sus jueces federales y estatales, incluyendo a los ministros de la Corte Suprema.
La participación fue escasa, con proyecciones que apuntan a menos del 15% del padrón, compuesto mayoritariamente por simpatizantes movilizados por la maquinaria de Morena, informó The Wall Street Journal.
La votación celebrada este domingo, en la que participaron casi 7.800 candidatos para 2.700 cargos judiciales, marca un giro radical en el sistema de justicia mexicano, hasta ahora basado en nombramientos técnicos.
Sin embargo, lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta como una “revolución democrática” ha sido descrito por sus críticos como un asalto al equilibrio institucional del país.
La presidenta y su partido, Morena, ostentan una supermayoría en el Congreso y controlan la mayoría de los gobiernos estatales.
Ahora, buscan también cimentar su hegemonía en el Poder Judicial. Alrededor de dos tercios de los aspirantes judiciales fueron seleccionados directamente por el Ejecutivo o por el Legislativo.
“El objetivo es acabar con la corrupción en el Poder Judicial”, afirmó Sheinbaum, aunque los opositores ven un riesgo evidente de regresión autoritaria.
Los votantes se encontraron con papeletas kilométricas llenas de nombres desconocidos. No hubo afiliación partidista visible, y las campañas brillaron por su ausencia.
“Cuando no sabes por quién estás votando, no tienes ganas de votar”, resumió César Gutiérrez Priego, aspirante a la Suprema Corte e hijo del general Gutiérrez Rebollo, antiguo zar antidrogas acusado de vínculos con el narco.
Uno de los nombres más sonados en la contienda es el de Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte, cercana a López Obrador y autoproclamada “la jueza del pueblo”.
Si obtiene la mayoría de votos, se convertirá en presidenta del máximo tribunal: “Nadie será electo sin el respaldo del aparato político de Morena”, advirtió la jurista Ana Laura Magaloni.
Las alertas no son solo internas. Empresarios, analistas y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho.
El cambio, según la Cámara de Comercio de EEUU en México, podría violar las cláusulas del tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), que exige jueces independientes.
Algunas empresas ya han comenzado a incorporar cláusulas de arbitraje internacional para proteger sus inversiones. El peso ha caído más de un 2,5% frente al dólar desde que Morena consolidó su mayoría.
Human Rights Watch recuerda que los mayores fallos del sistema legal mexicano no se deben a los jueces, sino a policías y fiscales.
Aun así, la reforma se presenta como una panacea frente a un aparato judicial ampliamente desacreditado por la corrupción, la lentitud y la impunidad.
El ambiente preelectoral tampoco fue ajeno al clima de inseguridad. Candidatos como Roberto Posán, juez penal de Ciudad de México, hicieron campaña escoltados por guardaespaldas y en coches blindados.
“La autonomía judicial se ha terminado”, lamentó Posán mientras repartía folletos en un mercado capitalino. Su camiseta amarilla y sus músculos marcados contrastaban con el pesimismo de su mensaje: teme que, gane o pierda, el sistema esté condenado.
Los resultados oficiales se esperan para el 15 de junio, pero las implicaciones políticas y económicas ya resuenan dentro y fuera de México.
