Desde el frente democrático opositor, uno de los principales candidatos a la Presidencia de Bolivia, sin rubor alguno, está proponiendo la eliminación del Tribunal Constitucional. Y absolutamente nadie ha salido a contrariarlo.
La ola democratizadora global posterior a la postguerra mundial, y luego la que sobrevino a la caída del muro de Berlín, tuvo entre uno de sus estandartes la instauración de la Jurisdicción Constitucional, y más propiamente, de la Justicia Constitucional, a través de la implementación de Tribunales o Cortes Constitucionales, como órganos extra poder e independientes de las tradicionales ramas o poderes del Estado; reforma que permitió prácticamente en todos los países en donde fueron instaurados estos Tribunales, un enorme avance y posicionamiento del Estado de Derecho, el Pluralismo y los Derechos Humanos en general.
Alemania, Italia, España y la mayor parte de Europa continental; Corea del Sur, Tailandia y Taiwán; Sudáfrica; Colombia, Perú, Chile y una gran mayoría de países de América Latina, incluida Bolivia, son quienes, durante los periodos indicados, fueron adscribiéndose a este sistema concentrado y kelseniano de control de constitucionalidad.
Sin duda alguna este modelo de defensa de la Constitución y la Democracia, constituyó un gran acierto y prodigó excelentes resultados en todas las naciones donde se lo cobijo.
Sin embargo, la perenne lucha entre el bien y el mal o, en este caso concreto, la constante batalla entre la Democracia y las Dictaduras o Autocracias, habida cuenta de la potente arma en que se constituyeron los Tribunales Constitucionales, impelió a que los nuevos tiranuelos del autodenominado “Socialismo del Siglo XXI”, maquinen renovados mecanismos para socavar la Democracia y poder así hacerse con el poder absoluto, lo cual significó, paradójicamente, descubrir que con la toma y el control del nuevo invento, es decir, del propio Tribunal Constitucional, ya no era necesario colocar ni un solo tanque en las calles, ya que era posible, y mucho más eficiente para un golpe certero a la Democracia, confirmar o implementar todas las medidas deseadas o convenientes para el autócrata, a través de un Tribunal Constitucional absolutamente acólito a éste y a quien ninguna otra Institución le sea dado desautorizarlo. ¡La piedra filosofal o de toque, había sido descubierta, y las Dictaduras podían ahora instaurarse por la vía “constitucional”!
El pionero en implementar este nuevo mecanismo para la subversión de la Democracia y la instauración de una Dictadura, fue el Comandante sandinista, Daniel Ortega, quien antepuso a la expresa prohibición de reelección presidencial dispuesta por la Constitución de Nicaragua, una exprofesa Sentencia interpretativa expedida por su propia Corte Constitucional que disponía lo contrario. Todo lo demás es historia conocida, pues frente a nuestros ojos y en muy pocos años, la joven democracia nicaragüense fue aniquilada por este Dictador, erigiendo a ese desdichado país, en uno que compite en crueldad y pobreza con la veterana dictadura cubana.
El siguiente tiranuelo en tomar esta posta, como todos los bolivianos bien saben, fue el Presidente Evo Morales, quien anteriormente, mediante “estrategias envolventes”, término que posteriormente utilizaron sus propios correligionarios al reconocer con sorna las violaciones que ellos mismos perpetraron contra la Constitución, para llevar a cabo las primeras reelecciones presidenciales, siempre prohibidas por la Constitución boliviana; que en esta ocasión, para lograr su codiciada cuarta reelección consecutiva, echó mano por completo a esta “eficaz herramienta constitucional” con la que logró una vez más, no solo pasar por alto una expresa prohibición constitucional, sino inclusive el veredicto del Pueblo Soberano, quien en un exprofeso Referéndum había ratificado la vigencia de tal prohibición, los cuales de nada sirvieron ante la Sentencia expedida por su acólito Tribunal Constitucional, que declaró que mayor jerarquía jurídica tenía el Derecho Humano de la reelección presidencial, que dizque el Pacto de San José de Costa Rica contenía.
Estos dos casos paradigmáticos que hemos apuntado, el nicaragüense y el nacional, son tan solo la punta del iceberg de centenares de otros casos más, y que en suma, encarnan el enorme peligro que suponen los Tribunales y Cortes Constitucionales para las Democracias, cuando estos pierden su independencia y son cooptados por un Presidente en carrera dictatorial, pues a partir de ello, toda la institucionalidad democrática, queda prácticamente inerme para ser acelerada e irremediablemente transformada en una auténtica Dictadura, pero con rótulo de “Constitucional”, siendo esos los caminos que ya transcurrieron los nuevos regímenes autocráticos que se han erguido en los últimos lustros en Latinoamérica.
Esta penosa realidad, y habrá que reconocerlo con completa honestidad intelectual, nunca fue desconocida para todos los propugnadores de este novedoso modelo de Justicia Constitucional, pues desde sus orígenes, destacados académicos y algunos líderes políticos, apuntaban a su talón de Aquiles, que no es otro que el hecho que el Tribunal o Corte Constitucional, rompía y hacía añicos el más caro y eficaz de los postulados democráticos y republicanos, que es el “Principio de Separación y Equilibrio de Poderes”, ya que el todopoderoso Tribunal Constitucional en la práctica y so pretexto del control de la constitucionalidad, finalmente termina concentrando todo el poder en sí mismo, y no existe por parte de los otros Poderes del Estado, posibilidad alguna de equilibrar ni balancear tal desborde y extralimitación.
Habida cuenta de esta penosa constatación empírica, que ha venido a confirmar los vaticinios que criticaban la adopción de este novedoso modelo de Justicia Constitucional, es que no sorprende prácticamente a nadie, como se mencionó al inicio de este artículo, la propuesta electoral de eliminar al Tribunal Constitucional boliviano, puesto que su absoluta falta de independencia lo hizo, además de vulnerable, más aún, un arma al servicio del autócrata de turno con la cual éste logró liquidar la Constitución y la Democracia boliviana que paradójicamente tenía que proteger.
