La deportación sin fundamentos de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño con estatus legal en Estados Unidos, ha desatado una ola de críticas contra la política migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump. Abrego García fue enviado a la megacárcel salvadoreña Cecot bajo acusaciones infundadas de vínculos con pandillas, en un proceso que la propia Casa Blanca calificó como "un error administrativo".
El caso llegó a los tribunales tras una demanda presentada por la familia de Abrego. La jueza federal Paula Xinis ordenó al Gobierno estadounidense que tome medidas para repatriarlo antes del 7 de abril, al considerar que su deportación carecía de base legal. La sentencia señala la violación de las garantías jurídicas de Abrego, quien contaba con una protección legal desde 2019 que le permitía permanecer en el país.
El Departamento de Justicia ya ha anunciado que apelará el fallo, mientras que defensores de derechos humanos denuncian un patrón de deportaciones apresuradas impulsadas por las metas políticas de la administración Trump. "Las autoridades migratorias no están siguiendo el debido proceso. Están priorizando cifras sobre la legalidad", advirtió el abogado Haim Vasquez.
La deportación de Abrego forma parte de un acuerdo con el Gobierno de El Salvador que ha permitido la transferencia masiva de migrantes acusados —muchas veces sin pruebas— de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el caso también ha revelado fallos logísticos: varias mujeres y otros migrantes fueron devueltos a EE. UU. tras llegar a El Salvador, al no estar contemplados en los acuerdos bilaterales.
Analistas advierten que este incidente no es un hecho aislado, sino síntoma de un sistema migratorio que utiliza leyes de tiempos de guerra para justificar expulsiones sumarias. "Estamos ante un error catastrófico que refleja una política migratoria profundamente defectuosa", concluyó Vasquez.
