Émile Durkheim, un clásico de la sociología, conceptualizó la anomia en su obra El suicidio como una forma de desestructuración social que emerge cuando las normas que orientan la conducta colectiva dejan de ser claras, efectivas o legítimas. Esta condición tiende a manifestarse en contextos de crisis, transformaciones sociales repentinas o fragilidad institucional, dando lugar a una sensación generalizada de incertidumbre, desorientación y tensión en el tejido social. En esta columna, se adopta y adapta el concepto de anomia al contexto electoral, entendida como la pérdida de capacidad del sistema político para establecer normas claras, legítimas y efectivamente respetadas que regulen la elección de representantes.
Los comicios de 2025 en Bolivia prometen ser todo menos aburrido. A diferencia de elecciones anteriores, esta vez el escenario se adorna con una saludable dosis de tensiones, impugnaciones cruzadas y un desfile de dudas sobre candidatos y partidos. Las preguntas abundan: ¿Quiénes competirán?, ¿en qué condiciones?, ¿y con qué garantías, si es que queda alguna? La fragmentación política y la creciente desconfianza institucional aportan su cuota de emoción, mientras la posibilidad de que algunas candidaturas ni siquiera lleguen a la línea de partida añade un toque de suspenso. Asistimos a unas elecciones donde el proceso electoral es una verdadera situación de anomia, como para que Durkheim tomara nota con interés. Las razones detrás del desliz normativo son tan variadas como creativas.
Candidatos que renuncian y cambian de partido. El escenario político boliviano rumbo a las elecciones de 2025 se distingue por una marcada inestabilidad y una desconcertante falta de coherencia partidaria. En este contexto, Jorge Quiroga logró apartar a Carlos Mesa del control del FRI y tomar el mando, todo con la elegancia de quien cambia de asiento sin explicar si fue invitado o no, simplemente se sentó.
Evo Morales, tras la pérdida de su partido, emprendió una odisea en busca de siglas prestadas que le permitan volver a postular, como quien busca un taxi en hora pico, pero sin éxito. Jaime Dunn, mientras tanto, recorrió ADN, el PDC y finalmente recaló en Nueva Generación Patriótica (NGP), dejando la sensación de que eligió más por descarte que por convicción. El resultado de estas maniobras fue igual de caótico: ADN terminó presentando como candidato a una figura desconocida, mientras el PDC se inclinó por Rodrigo Paz, un político tarijeño que no logra consolidar apoyo ni siquiera en su región.
El Movimiento Tercer Sistema (MTS) priorizó conservar su personería jurídica por encima de una propuesta política sólida y, concluyó invitando a Andrónico Rodríguez, sin prever que una demanda de su ex esposa podría poner en riesgo la legalidad del MTS y la candidatura de Rodríguez. Por su parte, Morena, tras anunciar que no participaría en las elecciones, dio un giro inesperado al postular a Eva Copa, aunque la sorpresa mayor llegó con la renuncia repentina de su candidato a la vicepresidencia.
Este desfile de improvisaciones y contradicciones no solo ilustra la fragilidad de los partidos, sino que confirma la existencia de una anomia electoral: un escenario en el que las reglas, identidades y principios que debe rían estructurar la competencia democrática han sido desplazados por la incertidumbre, el oportunismo y la pérdida de sentido colectivo.
Judicialización del proceso electoral. En los últimos días, el proceso electoral boliviano ha tomado un giro particularmente sofisticado: ha pasado del terreno político al jurídico, como si los tribunales fueran la nueva arena de campaña. La judicialización se ha convertido en el deporte favorito de la temporada, con recursos legales volando de un lado a otro como si fueran panfletos electorales. Esto es otra expresión de la anomia electoral que marca este proceso: cuando las reglas se diluyen, los tribunales se llenan, y las estrategias se libran más con demandas que con propuestas.
El Movimiento Tercer Sistema (MTS) parece haberse convertido, con notable entusiasmo, en pionero de una nueva forma de hacer campaña: desde los estrados judiciales. Actualmente colecciona cuatro procesos ante el Tribunal Supremo Electoral. El primero fue cortesía de Erlwein Beckhauser, cuya acción de cumplimiento fue declarada improcedente en Santa Cruz. Pero fiel al espíritu perseverante, no se dio por vencido y la volvió a presentar en Beni, quizá confiando en que la geografía cambie el veredicto. A esta cruzada se sumó Humberto Vidaurre con otra acción en Santa Cruz, y como toque final, Maziel Terrazas –exesposa del líder del MTS, Félix Patzi– decidió aportar lo suyo desde La Paz, mezclando drama político con tintes personales.
El Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por Eva Copa, y Autonomía para Bolivia SUMATE, de Manfred Reyes Villa, también han entrado en la tómbola judicial. Esta vez, el turno fue del abogado Humberto Vidaurre, quien presentó una acción popular alegando –con puntual celo legalista– que ambas fuerzas políticas no respetaron los plazos mínimos para obtener su personería jurídica. Así, Morena y SU MATE podrían ver comprometida su participación por no haber cumplido con el “calendario burocrático”, ese pequeño detalle que, en esta etapa de anomia electoral, los partidos deben pasar por prueba de resistencia documental.
La judicialización de la política boliviana avanza con paso firme y, como era de esperarse, ya ha sumado nuevos protagonistas a su elenco: el PDC y UCS. Chi Hyun Chung, siempre atento al más mínimo movimiento, impugnó la candidatura del binomio Rodrigo Paz - Edman Lara, mientras Peter Erlwein también aportó lo suyo con una denuncia por presuntas fallas en la inscripción del mismo partido, porque nunca está de más revisar dos veces los formularios. Así, las elecciones de 2025 no solo se juegan en las calles o en las urnas, sino también en los tribunales, donde parece haberse inaugurado una segunda vuelta, pero judicial.
Amenazas de convulsionar el país. La judicialización del proceso electoral en Bolivia ha tomado un giro bastante creativo: lo que en teoría debía ser un mecanismo institucional para hacer cumplir las normas ha terminado convirtiéndose en una especie de bumerán legal. Hoy, los recursos presentados para inhabilitar partidos y candidatos ya no solo se resuelven en tribunales, sino también en las calles, con amenazas de convulsión social por parte de sectores que se sienten, digamos, “democráticamente excluidos”.
Lo que comenzó como un loable intento de reforzar el marco legal ha derivado en un escenario donde la justicia electoral se parece más a una arena de gladiadores que a una institución garante de la democracia. Y sí, esta es otra elegante manifestación de la anomia electoral: las normas pierden autoridad, las reglas del juego se ven como piezas movibles, y la competencia deja de ser democrática para rozar lo dramático.
Si Émile Durkheim viviera para observar las elecciones bolivianas de 2025, probablemente se sentiría halaga do de ver su concepto de anomia aplicado con tanto esmero y creatividad. Así, la anomia electoral no solo se estudia, se vive con todo el dramatismo que solo la política boliviana sabe ofrecer.
