Bolivia está entrando en una de las etapas más complejas de su historia reciente. El gobierno de Luis Arce, cada vez más débil, nos va a dejar un país mucho más fracturado, con una economía agotada y —lo que es peor— con el estado capturado por una red de poderes mafiosos. No se trata solo de una crisis económica; es una crisis del sistema político y de gobernabilidad.
En 1985, el desafío fue enorme, pero relativamente claro: estabilizar la economía y desactivar el poder corporativo de los mineros, que tenían al país en vilo. El entonces presidente Víctor Paz pudo pactar con ese sector, relocalizarlo y cerrar un capítulo que asfixiaba al Estado. Se produjo un giro que dio 20 años de estabilidad.
Hoy, la bomba es mucho más grande y mucho más peligrosa. El MAS ha tejido en dos décadas un sistema mafioso basado en movimientos sociales convertidos en corporaciones parasitarias. Ya no es un solo sector el que bloquea el país; es una constelación de mafias territoriales y sectoriales que viven de la extorsión y el chantaje.
Cocaleros, interculturales, cooperativistas mineros, narco-comunidades, contrabandistas, sindicatos de funcionarios públicos clientelares… todos han sido empoderados a cambio de lealtad política. Son los dueños de carreteras, de territorios, de instituciones. Son capaces de paralizar el país, de bloquear ciudades, de chantajear gobiernos. Y lo hacen. Evo Morales ha convertido la presión callejera en el principal instrumento de poder. Hoy basta un bloqueo para torcerle el brazo al Estado.
El MAS no construyó un Estado fuerte ni moderno; construyó un sistema de poder prebendal que ha convertido a Bolivia en rehén de minorías violentas y corporativas. El que bloquea, gana. El que amenaza, recibe prebendas. El que no se arrodilla, es perseguido.
El próximo gobierno no podrá simplemente aplicar medidas económicas. No bastará un nuevo decreto 21060. La tarea más difícil será extirpar el cáncer de Bolivia: estos movimientos sociales pervertidos en mafias. No se podrá gobernar mientras existan estos poderes paralelos que no respetan la ley, que manejan territorios como feudos y que destruyen cualquier intento de institucionalidad
¿Con quién se va a pactar? ¿Con los cocaleros que protegen el narcotráfico? ¿Con los cooperativistas que imponen su voluntad con dinamita? ¿Con los avasalladores de tierras? ¿Con contrabandistas? ¿Con terroristas?
La respuesta es que no se puede ni se debe pactar con la mafia. La única salida es construir un nuevo pacto social que aísle políticamente a estos grupos, que los deje sin capacidad de extorsión, y que devuelva el poder al ciudadano común, al sector productivo, a las instituciones democráticas. Para eso se necesitará coraje, inteligencia y, sobre todo, una estrategia clara de desmontaje de este sistema mafioso.
El MAS nos deja una bomba. La gran tarea del próximo gobierno será cómo desarmarla. Y para eso, lo primero es tener claro cuál es el verdadero enemigo de la democracia y de la gobernabilidad en Bolivia: los movimientos sociales convertidos en redes de poder mafioso.
