El juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, ha sido aprehendido tras ser acusado de cometer presuntos delitos al suspender la credencial de la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Este caso surge a consecuencia de una acción de cumplimiento, presentada por el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge, quien denunció que la magistrada declaró haber ejercido docencia, pero la universidad referida certificó que no había enseñado en esa casa superior de estudios. Según el denunciante, la difusión de ese aspecto fue omitida de la difusión de méritos, haciendo incurrir en error a los votantes.
El juez Lea Plaza conoció el caso y determinó suspender la credencial temporal de la magistrada Fanny Coaquira, electa por el departamento de La Paz, y ordenó convocar al suplente para asumir el cargo.
El vocal del TSE, Francisco Vargas, denunció que el fallo del juez Lea Plaza, “desconoce el principio de preclusión electoral”, vulnera la voluntad popular y “sienta un precedente peligroso de interferencia a las atribuciones” del Órgano Electoral.
El juez fue aprehendido por los delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia y falsificación de sellos, papel sellado y timbres.
El presidente del TSJ, Romero Saucedo, anunció la aprehensión mediante redes sociales, como “¡Mano dura contra los golpistas a la institucionalidad!”. Sostuvo que el juez actuó de forma prevaricadora y que la Fiscalía y Policía ahora indagan quiénes más están detrás de este hecho.
El accionante, Antonio de la Fuente Amelunge, rechazó el argumento de que afecte el principio de preclusión. Explicó que su intención no es ir contra las elecciones, sino sólo por el caso de una persona particular de la cual tiene duda razonable.
También rechazó la posibilidad de la magistrada sea procesada en juicio de responsabilidades, porque considera que en el país no se concretan esos procedimientos.
Afirmó que incluso conoce a la magistrada Coaquira y que la misma la llamó en reiteradas oportunidades. Antonio de la Fuente Amelunge denunció que la aprehensión del juez es un acto de prevaricato fiscal.
Respecto a la advertencia del presidente del TSJ, el accionante dijo que la autoridad no debería opinar. “¿A quién quiere intimidar?”, cuestionó, a tiempo de recordar que es testigo de los casos Golpe I y Golpe II.
