La guerra lanzada contra el país por el narco mayor ha permitido comprobar que en este momento el mapa del narcotráfico atraviesa Bolivia de Este a Oeste, desde Llallagua hasta San Matías.
Los bloqueos, es cierto, se han concentrado en
Cochabamba, pero la telaraña tiene hilos que atraviesan Santa Cruz, en la ruta
hacia San Matías y Puerto Suárez, y penetran en el Altiplano, hasta Llallagua y
Oruro.
Este avance no fue idea del narco mayor
boliviano, que es solamente un título, ni siquiera iletrado, sino de la
transnacional que maneja este negocio desde lejos, mezclándolo con geopolítica.
Sólo con este avance geográfico es posible que
las exportaciones de cocaína boliviana cubran ahora los mercados del Pacífico y
del Atlántico.
La penetración de esta industria en territorio
cruceño fue respaldada por el gobierno del MAS con inversiones millonarias,
como la planta de urea de Bulo Bulo, que costó 930 millones de dólares,
construida en el Chapare pensando en que su producto debía ser exportado a
Brasil y Argentina, casualmente los destinos preferidos de la droga.
El plan más atrevido consistió en llevar ripio
del Chapare a Santa Cruz en gigantescos camiones de propiedad de unos
empresarios decididos a vender el producto traído de una distancia de 340
kilómetros, a menor precio que el extraído en el río Piraí.
Tan agresiva fue la campaña que los
empresarios dedicados a extraer y vender áridos de los ríos de Santa Cruz
fueron perseguidos por los alcaldes del masismo, y destrozados sus equipos,
porque hacían competencia al producto traído desde el Chapare.
De esa manera, con otros detalles, se
consolidó el corredor que atraviesa Santa Cruz, pasando por Concepción y la
Chiquitanía, hacia la frontera sur con Brasil, el mayor mercado de la droga de
las Américas.
Pero la cocaína no tiene la exclusividad en
los planos del masismo, según se ha podido comprobar en Uncía, donde existen
viveros dedicados a la producción de marihuana.
Esto ha sido mencionado por algunos analistas,
pero lo que no han dicho hasta ahora es que esos viveros fueron construidos por
el gobierno del MAS y financiados por organismos internacionales, como el FMI.
Tampoco se dice que tanto con Llallagua como
en Uncía, la economía legal, desde la minería hasta la producción de papa y
quinua, le están haciendo frente al avance del narcotráfico.
Ese es el problema del proyecto narco. Los
bolivianos, en más del 80%, rechazan que el país se convierta en el Afganistán
de Sudamérica.
Siglo21bolivia.com
