La Corte Suprema de la Argentina ha confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner dentro de la “Causa Vialidad” y debe cumplir seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusaron de haber liderado una estructura criminal, creada desde el mismo Estado, destinada a beneficiarse con medio centenar de contratos millonarios a través del contratista Lázaro Báez. El daño económico causado asciende a unos 84 millones de dólares y donde Báez se quedaba con nueve de cada diez licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. La relación mafiosa entre Kirchner y el empresario fue tan sólida y estable que “abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”, si se cuenta el gobierno de su marido, Néstor Kirchner, iniciado en 2003.
Sin embargo, el fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones. Como argumentos del fraude, la fiscalía estableció que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba por una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia presidencial Kirchner.
La mayoría de las licitaciones públicas tenían sobreprecio, no se terminaban las obras contratadas o, cuando se construía eran de tan mala calidad que había que repetirlas. Entre varias acusaciones que tiene la ex mandataria, en este juicio se ha demostrado que no se trataba de simples “hechos aislados”, sino de una organización criminal incrustada en los más altos niveles del gobierno argentino. El kirchnerismo ha sido, en realidad, promotor y gestor de la corrupción y cada vez se conocen nuevos hechos y nuevos actores. Y dejará como legado una cultura pro-corrupción donde se impone además la inversión de valores, el culto al dinero fácil, la impunidad, la espiral de violencia etc.
Que Cristina Fernández de Kirchner haya sido condenada en un juicio penal por actos de corrupción, evidencia, por un lado, que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, la independencia del poder judicial y la voluntad política de luchar contra este flagelo universal. El caso ha puesto en evidencia que la corrupción ha sido no solo consentida, sino también promovida y ejecutada desde el mismo gobierno. Ante la falta de argumentos que demuestren su inocencia, la ex mandataria dijo que fue condenada por ser mujer. La verdad es que la condenaron no por ser mujer, dirigente política o algo por estilo, la condenaron por “chorra” y apropiarse de los recursos económicos de todos los argentinos.
La acusación logró establecer que ella era la jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. El fiscal demostró que la acusada “no podía no saber” lo que sucedía en su gobierno, y detalló la existencia de una estructura de corrupción “extraordinaria”. El empresario Lázaro Báez era el encargado de monopolizar contratos millonarios de obras públicas: primero en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, y después en otros lugares.
La organización criminal kirchnerista estaba conformada por varios funcionarios públicos de alto rango que, en una estricta separación de roles, se beneficiaron del Estado, y buscaron adoptar las medidas necesarias para garantizar su impunidad. Se trataba de una verdadera organización mafiosa creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007) y que se perfeccionó bajo su gobierno.
Las prácticas corruptas no son privativas de ningún país en particular. En realidad, existen en todas partes y constituyen una amenaza global que socava la legitimidad de las instituciones, atentan contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenido de los pueblos. La corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras, que no admiten la separación de poderes, los controles institucionales cruzados, menos la fiscalización de los medios de comunicación social.
La expresidenta argentina ha sido condenada no por ser mujer y dirigente política, sino por haberse afanado la “guita” y haberle sacado el pan de la boca a los más necesitados que decía representar y defender.
*Jurista y autor de varios libros.
