Los bolivianos siempre hemos sospechado que la justicia no actúa, sino que obedece; no interpreta la ley, sino que ejecuta órdenes; no protege derechos, sino que garantiza impunidad y elimina rivales. El escándalo del caso consorcio no solo confirma esa sospecha: la convierte en evidencia judicial, en crónica confesada de una estructura mafiosa que ha convertido al Órgano Judicial en un engranaje más de un proyecto político sin escrúpulos. Esta es una conclusión inevitable tras revisar el testimonio del juez Marcelo Lea Plaza y la trama que lo envolvió.
Todo comenzó con un audio dell exministro de Justicia, César Siles, quien ofrece protección a un juez para que dicte una sentencia que suspenda a una magistrada electa por voto popular. Siles alegó que se trataba de una grabación “manipulada”, una excusa que no evitó su arresto.
El testimonio de Lea Plaza revela con claridad cómo opera esta maquinaria. Primero, lo contactan con halagos y promesas; luego, lo rodean de supuestas autoridades y le muestran documentación sobre la presunta falsedad de méritos de la magistrada Fanny Coaquira. Después, lo presionan con amenazas veladas: “si usted se niega, esto llegará al ministro y puede perder su trabajo”. Más adelante, lo instruyen sobre cómo dictar el fallo, quién redactará la resolución, a qué hora fijar la audiencia, cómo evitar que la prensa se entere, y hasta le redactan por WhatsApp las respuestas para los alegatos en audiencia.
El detalle es tan abrumador que parece sacado de una novela de Kafka. Un juez de provincia, sin experiencia en acciones constitucionales, es elegido para ejecutar un plan que solo tenía un objetivo: remover a una autoridad legítimamente electa e instalar a su suplente, alguien obediente al esquema de poder. Todo fue cuidadosamente articulado: desde el domicilio del accionante en Coroico, aparentemente creado solo para justificar la jurisdicción del juez, hasta la promesa de un traslado a La Paz como premio.
Este caso no sería posible sin el contexto que lo permite: un sistema podrido, cooptado durante años por el MAS, que ha manipulado designaciones, disciplinado jueces díscolos, y usado la justicia como arma de guerra política. Lo ocurrido con Coaquira es solo un síntoma del cáncer más profundo: la subordinación total del sistema judicial al poder político.
La gravedad del caso radica no solo en su ilegalidad, sino en su naturalidad. Nadie en la reunión del Shopping Norte parecía escandalizado por lo que tramaban. Todo parecía parte de un procedimiento habitual, casi rutinario. Eso es lo más alarmante.
Hoy, con varios implicados presos y un proceso penal en curso, la pregunta ya no es si hay consorcio, sino cuántos más operan en silencio, disfrazados de legalidad, administrando la justicia como negocio o botín político. Y la gran tarea pendiente no es encarcelar a unos cuantos chivos expiatorios, sino desmontar la estructura completa. La renuncia de Siles y las detenciones son apenas un comienzo.
Hoy, con varios implicados presos y un proceso penal en curso, la pregunta ya no es si hay consorcio, sino cuántos más operan en silencio, disfrazados de legalidad, administrando la justicia como negocio o botín político.
