Hay preocupación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la admisión de una acción de cumplimiento en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz con la que se busca inhabilitar a los candidatos para las comicios del 17 de agosto y que continúan ejerciendo cargos electivos.
El TSE alerta que esta acción vulnera el principio de preclusión, es decir de que no se puede revisar, alterar o anular una etapa ya concluida del proceso electoral. También se atenta contra el pluralismo político y las atribuciones que la Constitución le confiere al Órgano Electoral.
Con la acción se pide aplicar el numeral 3 del artículo 238 de la Constitución, pero el TSE remarca que está vigente la Sentencia Constitucional 0032/2019 en la que se establece que quienes ocupen cargos electos no están obligados a renunciar 90 días antes de los comicios para habilitarse como candidatos. Este requisito se exige solo para los funcionarios designados y los de libre nombramiento.
Entre los candidatos a la presidencia ocupan cargos electivos los alcaldes Eva Copa de El Alto, Jhonny Fernández de Santa Cruz y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, además del senador Rodrigo Paz Pereira y el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez. Eduardo del Castillo renunció como ministro de Gobierno debido a que es un cargo designado.
“El TSE evoca el compromiso asumido por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional en sentido de garantizar que los derechos políticos y de participación sean respetados, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, los candidatos, los partidos políticos, las autoridades electorales y la democracia”, remarcó el Órgano Electoral.
El Tribunal Constitucional ha remarcado en varias ocasiones que ningún recurso judicial frenará o paralizará el calendario y las elecciones del 17 agosto. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtió incluso con proceso a los jueces que atenten contra la democracia.
