La inasistencia de los concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Miguel Fernández y Gabriela Garzón, a las sesiones del legislativo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha derivado en sanciones económicas.
A ambos se les aplicó descuentos salariales por no acudir a las reuniones convocadas por la directiva que encabezó Israel Alcócer, según informó el actual presidente en ejercicio, José Alberti.
Alberti detalló que según los datos proporcionados, Fernández y Garzón enfrentan sanciones administrativas que ascienden a cerca de Bs 4.000 en total por tres meses de inasistencias.
Según Alberti, la sanción se aplicó conforme al reglamento interno, estableciendo descuentos de hasta Bs 500 por faltarse sin justificación a una sesión.
“Se les ha aplicado un descuento de hasta Bs 500 por sesión. La sanción administrativa la hemos hecho cumplir, como dice el reglamento”, afirmó Alberti.
Uno de los informes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Concejo detalla un descuento específico de Bs 1.684 para cada concejal por tres días de inasistencia.
Ambos concejales fueron remitidos a la Comisión de Ética el pasado 21 de mayo, mientras que los concejales suplentes de UCS tampoco recibieron remuneración durante este periodo, debido a que sus titulares no los habilitaron para ejercer funciones.
Fernández y Garzón no acudían a las sesiones debido a que no reconocían a la nueva directiva elegida, aduciendo que dos de sus integrantes, Alcócer y Silvana Mucarzel, ya no eran concejales.
“Han elegido sin respetar el reglamento del Concejo (…) nosotros, que somos respetuosos de la ley, no nos corresponde participar de sesiones ilegales”, declaró Garzón en una anterior oportunidad.
Actualmente el Concejo está paralizado debido a una nueva controversia surgida en la pugna por curules dentro de UCS. El Tribunal Departamental de Santa Cruz (TED) entregó credenciales titulares a los suplentes Andrea Negrete y Denny Guzmán para que asuman en lugar de Alcócer y Mucarzel. Sin embargo, varios concejales de la oposición, además de los afectados, han observado que hay recursos pendientes sobre el tema en el Tribunal Supremo Electoral (TSE),
En este contexto, Alberti remarcó que no se reanudarán las sesiones hasta que se aclare la situación. “El TSE debe pronunciarse de forma oficial”, enfatizó.
