La Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE) inició cuatro procesos penales contra personas inescrupulosas que han atentado contra el sistema eléctrico, la seguridad de los usuarios y la reputación institucional. Las querellas, presentadas por la vía judicial, se dirigen contra infractores sorprendidos en flagrancia: tres por el delito de extorsión, uno con agravante de estafa agravada y otro por atentado contra la seguridad de los servicios públicos, según lo establece el ordenamiento jurídico vigente.
Personal técnico y legal de CRE prestó una declaración testimonial ante las autoridades judiciales en relación con el caso de hurto de energía eléctrica ocurrido en el Condominio Sevilla Las Terrazas II, zona norte de la ciudad. Tras el reclamo de varios vecinos, que alertaron sobre choques eléctricos en pisos, muros y ventanas, y la suspensión de clases en una guardería, CRE realizó una inspección técnica. Se constató la existencia de una conexión clandestina (“puenteo”) en una vivienda reincidente, lo que provocó descargas peligrosas; un albañil recibió una descarga eléctrica y una adulta mayor reportó sentir corriente en el piso de su domicilio.
“Este tipo de delitos no solo compromete la seguridad de las familias, sino que está tipificado penalmente. El artículo 214 del Código Penal establece penas de hasta seis años de cárcel por Atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Asimismo, la Ley de Electricidad N.º 1604 impone multas, la devolución del consumo no registrado y otras sanciones administrativas”, señaló Sandra Justiniano, abogada que lleva el caso.
El proceso permanece en etapa investigativa con el objetivo de recabar pruebas y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la manipulación ilegal del medidor.
En paralelo, CRE denunció penalmente a Herlan Rafael Lazarte Gutiérrez, que operaba como cabecilla de una red de extorsión, haciéndose pasar por funcionario de la Cooperativa. Lazarte, con antecedentes penales, fue enviado preventivamente a la cárcel, tras ser entregado el 15 de junio por un grupo de vecinos de la Urbanización El Palmar, quienes frustraron una nueva estafa.
Su modus operandi consistía en señalar viviendas previamente intervenidas por electricistas cómplices. Posteriormente, Lazarte se presentaba en el domicilio, acusaba falsamente a los residentes de haber manipulado el medidor y los amenazaba con procesos judiciales por hurto de energía. Bajo presión y aprovechando el desconocimiento de las víctimas, exigía pagos irregulares que oscilaban entre los Bs 600 y Bs 20.000.
Otro caso en etapa investigativa involucra a Manuel Vidal Aponte, trabajador de la empresa privada Corpoelec, sin ningún vínculo con CRE. El 16 de mayo, en el barrio Los Álamos, zona de la avenida Transcontinental (Plan 3.000), el sujeto se presentó como personal de CRE, manipuló sin autorización el medidor de una vivienda y, tras acusar falsamente a la usuaria de hurto, le exigió dinero para "evitar una denuncia". Gracias al llamado oportuno del hijo de la víctima, quien detectó inconsistencias y contactó a CRE, se logró denunciar el hecho ante la Policía. Pese a haber sido detenido en flagrancia, el fiscal del caso ordenó su liberación. CRE continúa el seguimiento de este individuo, quien tendría un historial delictivo por conexiones ilegales.
El cuarto proceso está dirigido contra Diego Rodrigo Frías Herrera, acusado también de extorsión. El sindicado no se presentó a la citación emitida por el Ministerio Público, por lo que el proceso penal continuará conforme a procedimiento.
“Estos hechos han sido asumidos con máxima seriedad por parte de CRE. La Cooperativa no permitirá que individuos inescrupulosos cometan abusos contra los consumidores ni que se vulnere la calidad y continuidad del servicio, poniendo en riesgo la vida de las familias cruceñas”, advirtió Justiniano.
