El Ministerio de Derechos Sociales de España ha solicitado a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investiguen si durante la fiesta de cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se vulneró la legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad.
La petición surge a raíz de informaciones que apuntan a la participación de personas con enanismo en el evento, en un contexto que podría haber sido denigrante. Según explicó a la agencia EFE el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, se busca esclarecer si la celebración por los 18 años del jugador del FC Barcelona incurrió en una infracción a la normativa vigente, que prohíbe expresamente espectáculos en los que se utilice la discapacidad como objeto de burla o mofa.
Aunque actualmente la ley no contempla sanciones para este tipo de conductas, el Gobierno trabaja en una reforma que las clasifique como infracciones graves, con multas que podrían oscilar entre los 600.000 y el millón de euros. La modificación será presentada este martes ante el Consejo de Ministros.
“Nos preocupa que un joven con tantos seguidores, que es referente para la juventud, organice este tipo de eventos que pueden generar un efecto imitador entre los más jóvenes”, advirtió Jesús Martín. El funcionario también cuestionó que personas con dinero o poder “se crean impunes” frente a la ley, y aseguró que el Ministerio no se quedará de brazos cruzados: “La ley es para todos, para los humildes y para los poderosos”.
En paralelo, la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que forma parte de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ha anunciado acciones legales contra el futbolista. Acusan que en la fiesta se contrató a personas con esta condición para participar en un espectáculo supuestamente denigrante.
En un comunicado, la asociación expresó su condena y anunció la preparación de medidas legales y sociales para “salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad”. Además, advirtió que los hechos vulneran no solo la legislación española, sino también “los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.
La normativa vigente prohíbe de manera explícita cualquier espectáculo o actividad recreativa en la que se utilice la discapacidad de una persona para provocar la burla o la irrisión del público, en contravención del respeto a la dignidad humana.
