La aprehensión de Ruth Nina, dirigente del extinto partido Pan-Bol, desató una nueva tormenta política a menos de un mes de las elecciones generales. La Fiscalía decidió su detención tras una declaración voluntaria sobre los polémicos dichos en los que anticipó que el 17 de agosto “se contarán muertos y no votos” si Evo Morales no figura en la papeleta. “Es un honor dar la vida y libertad por los pueblos… es un honor estar aquí”, declaró al ser conducida a las celdas de la Felcc.
Nina enfrenta cargos por instigación pública a delinquir, amenazas y obstrucción del proceso electoral. Durante su llegada a la Fiscalía, la exdirigente apareció con una frazada y una mochila, anticipando su detención. Aseguró que el proceso en su contra es un castigo por expresar sus ideas políticas y denunció la existencia de una justicia parcializada al servicio del poder. “Me encarcelan por opinar, mientras los corruptos siguen libres”, afirmó.
La controversia se originó el pasado 12 de julio durante un ampliado político en Shinahota, donde Nina advirtió que si Morales era excluido de la contienda electoral, “el tribunal electoral y el Gobierno contarán muertos en vez de votos”. Aunque luego intentó matizar sus palabras, alegando que fueron malinterpretadas, la Fiscalía inició un proceso penal amparado en capturas de redes sociales y titulares de prensa.
En el frontis de la Fiscalía, grupos ciudadanos dividieron posiciones. Mientras algunos activistas del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigieron su detención inmediata, acusándola de amenazar la democracia, otros manifestantes denunciaron persecución política y corearon consignas por la libertad de expresión. La escena se convirtió en reflejo de la creciente polarización política en el país.
Desde su celda, Nina lanzó un mensaje desafiante y electoral: “¡Voto castigo para todos los dinosaurios, voto castigo para Samuel! Esta es la mejor campaña: encarcelar a los pobres”. Su defensa legal, por su parte, calificó la aprehensión como un “abuso de autoridad” y solicitó que el caso sea trasladado al Trópico, denunciando vulneración de derechos y dilación procesal.
El expresidente Evo Morales no tardó en pronunciarse, acusando al sistema judicial de actuar como brazo represivo del Gobierno. Denunció que primero se le arrebató a Nina su “instrumento político” con la proscripción de Pan-Bol y ahora se la detiene por ejercer su derecho a la palabra. Morales consideró que la justicia está siendo utilizada para amedrentar a opositores y exigió el cese de lo que calificó como una “represión judicial”.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias del caso. Se prevé que en las próximas horas se defina la fecha y condiciones de la audiencia de medidas cautelares. La detención de Ruth Nina no solo agita la coyuntura electoral, sino que también revive cuestionamientos al rol político de la justicia en Bolivia, especialmente en contextos de alta tensión como el actual proceso electoral.
En este escenario convulso, las declaraciones de Nina se convierten en un detonante que reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso político incendiario, en un país donde las heridas del pasado reciente siguen abiertas y la confianza institucional continúa en crisis.
