La instigación que está haciendo Evo Morales a sus bases sociales y a la población rural en particular, para que en las próximas elecciones generales —que están a la vuelta de la esquina— voten en blanco, en nulo, quemen las ánforas o rompan las papeletas, es un acto que debería ser considerado un delito electoral y un atentado al desarrollo de la democracia del país. La democracia requiere de votos válidos y no de votos inútiles (blancos o nulos); de lo contrario, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando?
Si bien los votos en blanco o nulos están permitidos dentro de una contienda electoral, no son la regla, sino la excepción. Es la primera vez en la historia electoral del país que se promueve este tipo de figura. Nunca antes, en una justa nacional, se habían hecho campañas para incitar al voto blanco o nulo.
Para conocimiento de Evo Morales y sus seguidores, los votos inútiles (blancos o nulos) no favorecen a los candidatos con más apoyo, ni a la derecha ni a la izquierda. Solo quedan para los registros de cómputo y nada más. Por lo tanto, votar en blanco o nulo es desperdiciar su voto, mucho más en una elección de trascendental importancia como la que tendremos los bolivianos en las siguientes semanas. Los comicios electorales de agosto no son uno más en la historia democrática del país, sino uno que podría cambiar el rumbo de nuestra nación.
De acuerdo con la Ley 026 del Régimen Electoral, son considerados delitos electorales los siguientes actos u omisiones contemplados en el artículo 238:
a) Ilegal convocatoria o ejecución de procesos electorales; b) Doble o múltiple inscripción; c) Coacción electoral; d) Injerencia en la democracia comunitaria; e) Falsificación de documentos o uso de documento falsificado; f) Instalación ilegal de mesas; g) Asalto o destrucción de ánforas; h) Obstaculización de procesos electorales; i) Traslado fraudulento de personas; j) Manipulación informática; k) Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas; l) Alteración y ocultación de resultados; m) Alteración o modificación del padrón electoral; n) Beneficios en función del cargo; o) Suscripción dolosa del acta electoral; p) Acoso político.
Los evistas están claramente notificados de que sus acciones de quemar ánforas o impedir que lleguen a sus destinos, o que salgan de los recintos electorales, estarían tipificadas en los incisos g) y h) de los delitos señalados.
La población en general no debe caer en este garrafal error y, más bien, debe asistir militante y democráticamente a depositar su voto útil por cualquiera de los ocho candidatos a la presidencia que estarán presentes mediante foto en las papeletas impresas. Es su oportunidad de manifestarse políticamente para elegir quién nos gobernará por los próximos cinco años.
Los falsos argumentos que esgrimen los evistas para que la gente vote en blanco o nulo, al señalar que no hay candidatos que representen al movimiento indígena originario campesino, no son más que un absurdo mental. ¿Entonces su “hijo político”, Andrónico Rodríguez, a qué sector social representa?
Los dos principales candidatos opositores (Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga), que encabezan la intención de voto según encuestas recientes, deben ser muy inteligentes para captar ese voto indeciso que hasta ahora no sabe por quién votar. Es su gran oportunidad para superar el 20 % de apoyo electoral. A la fecha, ambos están estancados en la captación del voto, especialmente el voto rural.
Sus equipos de comunicación política deben ahora demostrar eficiencia, eficacia y efectividad para conquistar al electorado indeciso, una parte del cual aún respalda a Evo Morales. De no hacerlo, solo demostrarán que fueron equipos técnicos comunicacionales totalmente inoperantes. El balón está nuevamente en la cancha de ambos candidatos opositores para que logren pasar a una segunda vuelta, ignorando el clamor ciudadano por una unidad que no supieron construir a tiempo.
Otro aspecto que tanto Doria Medina como Quiroga deben considerar es que los evistas quieren que el voto blanco o nulo gane a como dé lugar, para que el próximo presidente electo no tenga legitimidad y se convoquen nuevas elecciones generales donde esté presente su jefazo.
